Juan Delgado Castillo, vecino de Barranco Hondo, mantiene su lucha contra las instituciones públicas y empresa afectadas por la sentencia en firme que obliga a la retirada de una línea eléctrica soterrada que se encuentra en su propiedad. "Llevo muchos años pidiendo que ejecuten la sentencia, trasladando al Gobierno de Canarias que lo único que pido es que retiren la línea, nada más".

En la actualidad, este vecino de Candelaria mantiene paralizada la obra denominada "proyecto de encauzamiento y cubrición del barranco Los Santos, en Barranco Hondo" al paso por su propiedad "porque los trabajos se encuentran con el paso de la línea, con lo que se me está ocasionando un perjuicio mayor e inesperado". De hecho, la autorización otorgada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) para culminar esta intervención expira en mayo de 2018.

La historia comenzó con el soterramiento de la línea eléctrica que enlaza el centro de transformación que había junto al colegio público con los que ubicados al lado del cementerio y la plaza del pueblo, lo que posibilitó que el Ayuntamiento de Candelaria desmantelara el tendido eléctrico de media tensión y las torres que iban desde la calle Los Asomaderos hasta el centro académico, el cementerio, el campo de fútbol, La Angostura y El Cercadillo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de Las Palmas de Gran Canaria emitió, el 15 de marzo de 2010, una sentencia que estimó el recurso interpuesto por Juan Delgado contra resoluciones anteriores de la Dirección General de Industria y Energía concediendo la autorización administrativa y aprobando el proyecto técnico de la línea que ocuparía suelo titularidad de Juan Delgado, quien denunció tal hecho.

El TSJC "las anuló por no ser conformes a derecho, con reconocimiento del derecho del actor al restablecimiento de la realidad alterada y transformada por la obra pública de media tensión (...) con obligación de las partes codemandadas de ejecución de las obras precisas para volver a la situación anterior". Es decir, la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias y la compañía eléctrica Endesa.

Esta obra fue realizada en lo que se suponía que era una propiedad pública, pero el vecino Juan Delgado Castillo reclamó su titularidad, algo que le es reconocido implícitamente en la sentencia de 15 de marzo de 2010. El tribunal también ordenó "volver a la situación anterior" a los trabajos realizados en el espacio por donde fue enterrada la línea de media tensión. Transcurridos siete años desde que fue emitida esa sentencia, pero cinco desde que fuera ratificada por el Tribunal Supremo, la situación sigue siendo la misma. El último de los tres proyectos que se han presentado para retirar esta línea soterrada data de diciembre de 2015, estando sin responder por el Gobierno canario el recurso de alzada de agosto de 2016.