Algunos párquines públicos de Santa Cruz de Tenerife cobran a sus usuarios más de lo debido, otros no han abonado el canon del último año y alguno tiene más plazas reservadas para abonados de las que recoge el pliego del contrato. Estas son varias de las conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento de la capital sobre la relación que existe entre el consistorio y las concesionarias de diez de los nueve estacionamientos públicos que hay en Santa Cruz.

En concreto, y dejando al margen el de El Corte Inglés, que sigue un proceso diferente, los aparcamientos analizados en el primer análisis de este tipo -se tardó seis meses- que hace el consistorio son los del Mercado Nuestra Señora de África, plaza de Weyler, Tomé Cano, avenida de Anaga, Ramón y Cajal, cerca del Estadio Heliodoro Rodríguez López, Valentín Sanz, Puente Serrador y Puerto Escondido (plaza del Príncipe).

Aunque no detalló los supuestos incumplimientos de los pliegos detectados en cada una de las concesiones, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, avanzó que las adjudicatarias tendrán conocimiento de ellos en los próximos días. Una vez notificados, las empresas tendrán 20 días para presentar alegaciones. De ellas dependerá que el ayuntamiento imponga o no las sanciones correspondientes.

Desde Servicios Públicos precisaron que el estacionamiento que más "complejidad" presenta es el que está cerca del Heliodoro Rodríguez López, pues en él confluyen distintos subcontratos -tiene una zona comercial- y falta de documentación.

Además de los citados con anterioridad, otros aspectos que, al menos en principio, han incumplido algunas de las concesionarias de los estacionamientos tienen que ver con el abono de las pólizas de seguro del último trimestre de 2016 e, incluso, con la realización de actividades no autorizadas en estos recintos, tales como autolavados de vehículos o taller.

No obstante, el más llamativo de todos los supuestos incumplimientos detectados está relacionado con las tarifas al usuario. En este sentido, Arteaga indicó que se ha encontrado un aumento de los precios sin que haya sido aprobado por el ayuntamiento, al menos en uno de los nueve estacionamientos analizados. En otros casos, sin embargo, la circunstancia ha sido la contraria, pues los precios están por debajo de lo permitido. Las concesionarias pueden actualizar las tarifas cada año para ajustarlas al IPC. Algunas no lo han hecho desde 2011.

La relación contractual entre el ayuntamiento y las concesionarias de los aparcamientos públicos de la capital ha sido objeto de crítica por parte de partidos de la oposición como Izquierda Unida, que, entre otros asuntos, considera que las adjudicatarias pagan poco dinero por las concesiones.

¿Se prevé un incremento del canon? "En principio, lo que estamos requiriendo es el incumplimiento de las obligaciones actuales en los contratos. Si el canon es mucho o es poco es una discusión diferente", indicó Dámaso Arteaga. "Pero este estudio le va a dar al ayuntamiento una visión actual de una situación que hasta ahora no se había hecho", añadió.

"Hay que analizar toda la inversión para ver si la concesión es rescatable o no, o si es un acuerdo lesivo o no", concluyó el edil.