"Nuestros hijos entraron al colegio sin libros y material escolar y ahora, la noche del domingo, todas estas familias no tendrán para una cena de Navidad ni unos juguetes para sus hijos, rompiendo así sus ilusiones". Así relató ayer la presidenta del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria (SIC), Dolores Espinosa, la situación que atraviesan los trabajadores de la citada empresa que prestan sus servicios para el Ayuntamiento de Santa Cruz y que llevan sin cobrar desde el pasado mes de septiembre.
Una descripción clara que llevó el silencio -y algo más- al salón de plenos de la capital, donde se debatía ayer una moción sobre este asunto presentada por Sí se Puede.
"Todos nos encontramos en extrema precariedad, a punto de cortarnos la luz y el agua, recogiendo comida en ONG, y, muchos, a punto de perder nuestras casas", añadió Espinosa, antes de advertir de que el consistorio de la capital podría ser responsable solidario de la situación de los vigilantes, según una resolución de la Inspección de Trabajo a la que hizo mención.
"Todo se hubiera evitado si desde la primera vez que nos presentamos en este pleno no se hubiera mirado para otro lado", añadió la portavoz del comité de empresa de SIC, quien denunció también que tampoco se han hecho efectivas las ayudas que para los empleados empadronados en la capital había prometido el IMAS.
En esta línea, Pedro Arcila remarcó que el acuerdo marco entre el consistorio y SIC se podía haber resuelto con los escritos que se habían presentado e insistió en que se utilizara la fianza depositada por la empresa para pagar los salarios atrasados.
Por contra, el edil de Hacienda, Juan José Martínez, sostuvo que el consistorio ha hecho "todo los esfuerzos posibles" y reconoció que esta ha sido la acción "más frustrante" que ha afrontado.
"La empresa nos ha engañado sistemáticamente", subrayó Martínez, y corroboró el propio alcalde, José Manuel Bermúdez. "Se me dieron garantías del cobro de las nóminas y se ha incumplido", aseguró el regidor.
La nueva empresa a la que se le ha adjudicado el servicio, Seguridad SH Lanzarote, firmará el contrato el próximo día 28, y a partir de ahí tiene un máximo de diez días para asumir el servicio. Juan José Martínez avanzó ayer que aunque el contrato es por cuatro años, se revisará cada seis meses.
Con algunos matices, la moción de Sí se Puede fue finalmente aprobada por unanimidad.
El Gobierno de Canarias realizará un estudio, junto a las dos capitales canarias, para analizar los efectos de la vivienda vacacional, esto es las consecuencias que tiene sobre la generación de empleo y riqueza, además de en el alquiler tradicional, entre otros aspectos. Lo avanzó ayer el concejal de Turismo de la capital, Alfonso Cabello, a la conclusión del pleno en el que se aprobó una moción, con algunos matices, del concejal de Izquierda Unida (IUC), Ramón Trujillo, sobre este asunto.
Según explicó Cabello, el diseño metodológico del estudio será conjunto entre el observatorio de Santa Cruz y el ISTAC.
Durante la sesión plenaria, el edil de Turismo reconoció que el alquiler vacacional es "imparable", y subrayó que desde hace algún tiempo es objeto de análisis por parte del consistorio, en colaboración con la Viceconsejería de Turismo.
Mientras, Trujillo recordó que los datos oficiales, para 2016, cuantifican en 553 viviendas vacacionales y 1.891 camas. Y la oferta reglada del municipio, en 2016, es de 3.018 camas. Por lo tanto, las plazas alojativas de alquiler vacacional en Santa Cruz representan el 38,5% de la oferta reglada del municipio. "Todo apunta a que se trata de una modalidad significativa y con un potencial de crecimiento nada despreciable", añadió.
Otros asuntos
Presupuesto. Con alguna crítica de la oposición a cuenta de las enmiendas, el Pleno aprobó el presupuesto de 2018, que entrará en vigor el 1 de enero. Será superior a los 270 millones.
Reconocimiento. Inicio del expediente de concesión de honores y distinciones a favor de la futbolista María José Pérez, que culminará con el acuerdo para que el campo de fútbol de Añaza lleve su nombre.
Valle Colino. Las dudas generadas con el nuevo convenio evitaron que se votara el expediente. Se traerá en enero, para tratar de aclarar algunos aspectos.
Transporte. El Pleno aprobó la firma de un convenio con el Cabildo para la coordinación del transporte urbano en el municipio, que garantiza el servicio durante los próximos cuatro años y el carácter público de la empresa prestataria.
Taxis. Respaldo unánime al acuerdo con la Corporación insular para continuar con el rescate de licencias de taxi en 2018.
Fundación. El Pleno aprobó, con la abstención de la oposición, el cambio de privada a pública de la Fundación Santa Cruz Sostenible.
Comunicación. Rechazo de CC y PP a una moción de SsP que solicitaba que la cobertura informativa del consistorio se distribuyera en función de la representatividad política.
Celíacos y sida. Dos mociones institucionales. Una para conmemorar el Día Mundial de la lucha contra el Sida y otra para la mejora de la calidad de vida de los celíacos.