El asilo no es una cuestión de humanidad, sino un compromiso legal que España ha asumido a través de acuerdos internacionales y de su propia legislación nacional. Juan Carlos Lorenzo, delegado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, lleva años ayudando a que los solicitantes de protección internacional y los inmigrantes en situación de vulnerabilidad que recalan en el Archipiélago reciban atención jurídica y social. La organización, la única que gestiona el asilo en Canarias, celebra 30 años en la Comunidad Autónoma con nuevos retos: abrir en Tenerife y seguir mejorando los proyectos que ya desarrolla en Gran Canaria.

CEAR cumple 30 años en Canarias. ¿Qué motivó su apertura y cuál era el contexto social y político de la época?

En 1986 se empezó a constatar en Canarias la necesidad de empezar a trabajar en materia de asilo y refugio, dado que recibíamos solicitantes de asilo, sobre todo de las dictaduras del Cono Sur, de América Latina. CEAR comenzó inicialmente con un servicio jurídico, formado entonces por personas voluntarias. En los años siguientes fuimos dándonos cuenta de que las necesidades de las personas no eran solo jurídicas, sino que también tenían que ver con otras cuestiones básicas, la necesidad de adquirir cierta formación ocupacional para insertarse en el mercado laboral. Eso hace que poco a poco, a lo largo de estos años, se haya configurado una estructura de intervención integral que pretende dar respuesta a los itinerarios personalizados de inserción de las personas. Además, también surgió la necesidad de dar respuesta a una demanda que provenía de personas inmigrantes extracomunitarias que no eran solicitantes de asilo. Por lo tanto, la realidad de CEAR la conforman hoy personas solicitantes de asilo, de protección internacional, apátridas y desplazados e inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

¿A cuántas personas han atendido en estos años en los distintos servicios?

Es una cifra exagerada. Nos hemos dado cuenta haciendo el balance por el 30 aniversario de que han sido aproximadamente 46.000 personas. Digo aproximadamente porque los primeros años no tuvimos reporte estadístico, pero la cifra se acerca mucho a la realidad. Además, hemos acogido a más de 1.800 personas y a más de 600 menores extranjeros no acompañados.

¿Cómo se percibe desde CEAR la actitud de la sociedad canaria ante el fenómeno migratorio?

Pensamos que la sociedad canaria es una sociedad permeable porque ha vivido durante toda su historia con múltiples influencias de pueblos de otros lugares. Somos islas, estamos en una localización geográfica que es casi un cruce tricontinental. Creo que eso ha hecho que nuestra manera de asumir la diversidad cultural que se nos acerca haya sido positiva. Y también pienso que la sociedad canaria ha tenido presente en su memoria todas sus penalidades o los éxodos que emprendió hacia Argentina, Venezuela o Cuba para intentar sobrevivir y desarrollar proyectos de vida dignos, y eso no se olvida. Incluso hubo quien se marchó hasta el Sáhara Occidental. Mucha gente fue allí no porque aquí no pudiera vivir, sino porque intentaba buscar un futuro más próspero. Eso también ha hecho que sea raro que una familia canaria no tenga a alguien dentro de su concepto de familia extensa que en algún momento haya tenido que emigrar por muchas razones, principalmente por motivos de empobrecimiento. Eso, a mi modo de ver, también ha creado cierta cultura de hospitalidad en Canarias. Por supuesto, eso no quiere decir que en ocasiones, por el aumento del número de personas llegadas, se haya generado tensión. Han aparecido mensajes sensacionalistas, muchas veces emitidos por los poderes públicos, que han hecho cierta mella y han sido perjudiciales para las personas migrantes o refugiadas. Pero creo que ha ocurrido en menor medida que en otros lugares. En otros lugares podemos constatar claramente que hay movimientos organizados xenófobos que están teniendo cierto predicamento. Eso en España en general, y en Canarias en particular, no se da. Canarias es una sociedad permeable, hospitalaria, que puede entender a pesar de las grandes dificultades que nuestra sociedad padece.

La gestión del fenómeno migratorio en Canarias en los años 2006 y 2007 se suele citar como ejemplo de buenas prácticas cuando se habla de gestión de la inmigración en Europa. ¿Está de acuerdo?

Yo, no quiero decir CEAR, tengo una opinión contrapuesta en este sentido. Sobre todo en 2006, que fue cuando llegaron más de 31.000 personas, se sumaron esfuerzos de ONG y organizaciones publicas para dar la acogida mas digna posible. En ese sentido sí que fuimos ejemplo. Pero también es verdad que la mayor parte de esas personas fueron derivadas a la Península, a proyectos de acogida humanitaria; muy muy pocos se quedaron aquí. Eso quiere decir que hubo una buena coordinación interadministrativa. ¿Un ejemplo o una buena práctica? Creo que hicimos lo que pudimos de la mejor manera posible con los medios que teníamos. Pero puedo decir también que un acuartelamiento como el de la Isleta o un campamento militar como el de Las Raíces no eran los lugares para acoger a las personas, porque las condiciones eran bastante frágiles. ¿Sabes el frío que hace en Las Raíces? Quizás no había otra forma de hacer las cosas. Se fue ágil, consecuente y responsable con lo que se tenía que hacer. Pero si lo que queremos es exportar esa experiencia a otros sitios, como a la gente que llega a Italia, pues no sé, pienso que habría maneras de hacer las cosas distintas. Ahora mismo hay algo que no se está haciendo: la gente está en Grecia varada, pendiente de ser reubicada y no se está haciendo. Es un ejercicio irresponsable que deviene del incumplimientos de los estados miembros.

¿Cuál es su opinión con respecto a la política migratoria que desarrolló España a partir de la llegada masiva de personas a Canarias?

Fueron los planes África y vinieron caracterizados por tres grandes elementos. Por un lado, una ofensiva diplomática española avalada por la Unión Europea en África Occidental que consistió en firmar convenios de readmisión y otros acuerdos para que los países controlaran los flujos migratorios que partían de sus costas. Otro aspecto fue el desarrollo de Frontex en la costa del África occidental. Criticamos eso porque es aceptar una lógica de externalización de nuestras fronteras más allá de las costas de la frontera sur, de tal forma que, dado que los flujos migratorios son mixtos, no se realiza ni siquiera un filtrado de las personas en función de las razones que han motivado su emigración. Es decir, no se sabe si es por empobrecimiento o porque eran perseguidas en sus países, algo que está dentro de la legislación de asilo. Esta política no hacía que la situación de partida de las personas cambiara, simplemente impedía que salieran e hicieran efectivo un derecho como el de asilo. Si uno analiza toda la realidad que refleja el programa mundial de Naciones Unidas para el desarrollo podemos verificar científicamente, con sus informes anuales, que la situación en los países no ha mejorado, sino que ha empeorado. Lo único que sucede es que los flujos migratorios cambian en función de la presión que se haga. Lo hemos visto cuando se firmó el acuerdo UE-Turquía, que los flujos se desplazaron hasta Libia; luego se firmó otro acuerdo con Libia y se desplazaron a Argelia, Túnez, y norte de Marruecos.

¿Cómo ha afectado la crisis a CEAR desde el punto de vista de la financiación?

CEAR pasó por un momento muy delicado relacionado con la crisis económica, pero que se debió, sobre todo, a la voluntad política de afrontar el desarrollo y las políticas sociales. Ahora ha mejorado la situación y los recursos para el asilo, pero uno no sabe si es una apuesta decidida del Gobierno por defender el derecho al asilo o una necesidad de dar respuesta, sí o sí, a la realidad que estamos viviendo. España está experimentando un aumento año tras año de las cifras de solicitantes de protección internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesita que se destinen recursos para poder llevar a cabo todo el programa de acogida e integración. Hablamos de un proceso de integración que va más allá de lo puramente asistencial. El sistema se ha reforzado con el número de plazas, pero aun así son insuficientes. Y tenemos que recordar que en materia de asilo no solo hay acuerdos internacionales, sino que la ley española así lo recoge. Es un derecho.

¿Cómo afecta a Canarias el aumento de las solicitudes de asilo?

En Canarias en lo que llevamos de 2017 han sido gestionadas desde CEAR 456 solicitudes de asilo (a día 19 de diciembre). El año pasado fueron 300. Ha habido un aumento significativo y todavía nos quedan unos días más.

Los venezolanos ya eran el año pasado los ciudadanos que más solicitaban asilo en Canarias. ¿Se mantiene el patrón?

Si, tanto en España como Canarias. Sin dar cifras concretas, la nacionalidad más repetida entre los solicitantes registrados en el Archipiélago es Venezuela, seguida de Colombia, Cuba, Marruecos, Rusia y Ucrania.

¿Hay infraestructuras suficientes para atender a estas personas?

En Canarias hay 71 plazas de asilo o solicitantes de protección internacional. Hasta marzo solo teníamos 31, cuando se abrieron 40 más en una instalación cedida por el Cabildo de Gran Canaria y se pudieron duplicar las plazas. Todas se encuentran en esta isla, en Tenerife no hay. Otra cosa es que en una plaza de acogida pueda haber un solicitante de asilo. Últimamente hemos constatado una realidad en Tenerife: que hay un aumento de solicitantes en la isla, y que sus necesidades deben ser atendidas. Ahora mismo solo hay una organización que trabaja en materia de asilo en Canarias, CEAR, y por eso estamos proyectando la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo de intervención con solicitantes de asilo en Tenerife. Es nuestra intención, compartida con el Gobierno de Canarias -quiero decir con eso que estamos de acuerdo- y con el Cabildo de Tenerife. Hemos tenido alguna conversación y coincidimos en que es necesario que el asilo sea gestionado también en Tenerife, y esa es nuestra propuesta para 2018.

¿Ahora mismo para un solicitante de asilo es mejor trasladarse a Gran Canaria?

Es verdad que la solicitud de asilo puede ser tramitada por su abogado de oficio, pero al final son procesos muy especializados que requieren profesionales especializados. Desde CEAR estamos desarrollando una intervención un poco a distancia. Lo hacemos como podemos, a distancia, pero es bastante minoritario para lo que podríamos hacer.

¿Cuál es el grado de ocupación de las 71 plazas que tiene CEAR para solicitantes de protección internacional?

Suelen estar llenas prácticamente todo el año. Y tenemos 38 de acogida humanitaria, también en Gran Canaria, donde hemos atendido a los inmigrantes que salieron del CIE de Hoya Fría. Ahora tenemos en hostales a 19 personas en primera acogida, es decir, esperando a que haya una plaza libre para asilo temporal en cualquier sitio de España.

¿Tienen la percepción de que las solicitudes a ciudadanos venezolanos se deniegan sistemáticamente porque se les considera inmigrantes económicos?

Sí. A pesar de las manifestaciones del Gobierno del Estado con respecto a la vulneración de derechos en el país, paradójicamente se están denegando la inmensa mayoría de las solicitudes de asilo de origen venezolano. También se están retrasando muchísimo en la resolución de expedientes de origen sirio, que son los que se están priorizando.

¿Cuáles son los principales retos de CEAR para 2018?

El principal reto es desarrollar propuesta de intervención integral de CEAR en Tenerife para ser responsables con el derecho de asilo con las personas que demandan nuestra presencia allí. Y por otro lado, reforzar el desarrollo de proyectos en la isla actual.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cumplido 30 años prestando servicios en Canarias a las personas solicitantes de protección internacional y a otras personas migrantes en situación de vulnerabilidad. No es casualidad. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, la entidad identificó a Canarias como un lugar sensible y clave en los procesos migratorios que se deben en los continentes africanos y americanos y la delegación canaria fue una de las primeras en abrir sus puertas.

Antes de que llegaran las primeras barquillas desde África, en 1994, CEAR ya prestaba servicios fundamentales a personas que llegaban desde distintos puntos el planeta hasta Canarias, pero fue entonces cuando el trabajo se hizo fundamental en varias vertientes: "en la acogida, en la asistencia, en la defensa de los Derechos Humanos y en la denuncia de las causas de las migraciones forzadas que advierten los efectos que se dan al otro lado de la frontera de Canarias, en la que se puede apreciar una acentuada brecha social".

CEAR era ya entonces una organización no gubernamental que se había fundado en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Su objetivo ha sido desde entonces trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo.

En la actualidad, la entidad cuenta con una extensa presencia territorial con delegaciones en Cataluña, Navarra, Valencia, Euskadi, Canarias, Madrid y Andalucía. Su equipo lo componen alrededor de 600 personas voluntarias y 400 trabajadoras, y también cuenta con el compromiso de 1.400 socios y donantes. En Gran Canaria tiene dos dispositivos de acogida e integración para personas solicitantes de protección internacional -con 71 plazas- y otros dos destinados a personas inmigrantes vulnerables -con 38 plazas disponibles-.

Asimismo, la entidad dispone de una plantilla de trabajadores con un perfil orientado tanto a la labor social y a la captación de empleo como a dar una atención psicológica y jurídica pormenorizada.

En los últimos 10 años el servicio jurídico de CEAR ha atendido a 130.000 personas. Tan solo en 2011 las actuaciones de asesoramiento jurídico durante el procedimiento de asilo, de apatridia o de otras formas de protección internacional beneficiaron a 6.656 personas. Más de 1.000 fueron asistidas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CITE) de Ceuta y Melilla y en el puesto fronterizo de Barajas.

Frente a las situaciones más graves de violación de derechos, CEAR acude a los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité Contra la Tortura de la ONU.