El director general de Patrimonio del Gobierno canario, Francisco González, manifestó ayer en Radio El Día que en los próximos días se prevé materializar la adquisición de un terreno a la empresa pública Gestur en la zona de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife. Esa parcela, que se destinará inicialmente a Servicios Generales, permitirá que en el futuro se construya un colegio en ese enclave de la capital. Pero, además, la medida supone dar un nuevo paso para facilitar la construcción de la futura Ciudad de la Justicia a escasos metros de dicho suelo, es decir, en el centro de la ciudad.
La compra mencionada ayer por González puede considerarse una acción estratégica para que la infraestructura judicial se edifique en las tres parcelas consecutivas existentes junto al Residencial Tres de Mayo-Siglo XXI y la trasera del centro comercial Nivaria. El suelo que se prevé adquirir en estos días está junto a Las Torres y el espacio cultural El Tanque. Esta operación inmobiliaria fue decidida en la reunión celebrada hace poco más de dos meses entre responsables de la Consejería de Justicia, el consistorio santacrucero, autoridades judiciales y la Plataforma a favor de que los nuevos juzgados se hagan en Cabo Llanos, tal y como se informó entonces. Cabe recordar que la parcela que prevé comprar ahora el Ejecutivo se unirá a otra que ya es propiedad del Gobierno regional para poder hacer el referido centro educativo, una vez que la corporación municipal haga la pertinente modificación del uso de ese suelo. El espacio que actualmente se baraja para la construcción de la Ciudad de la Justicia está conformado por tres terrenos diferentes y consecutivos, que hoy en día están separados por una calle y un peatonal. El primero es triangular y ya es propiedad de la Consejería de Justicia. La empresa Disa es dueña de la finca central, que es cuadrada. En octubre, la petrolera tenía buena predisposición para ceder ese suelo a cambio de una compensación adecuada. La tercera parcela es de la Consejería de Educación y era la que, hasta octubre, estaba destinada al colegio de Cabo Llanos.
La búsqueda de soluciones por parte de la administración para intentar que la Ciudad de la Justicia se haga en el centro administrativo y económico de la ciudad se produjo después de que jueces, magistrados, fiscales, funcionarios, abogados o procuradores mostraran su oposición a que la infraestructura se realizara en el barrio de El Sobradillo. En marzo de este año, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el consejero de Justicia, José Miguel Barragán, anunciaron en rueda de prensa que la única opción válida era la del Distrito Suroeste.