Los 715 millones que el Gobierno de Canarias destinará este año a obra pública han sido recibidos con satisfacción por el sector de la construcción de las Islas que, sin embargo, advierte de que los objetivos de esta "histórica" inversión pueden quedarse a medias si no son empresas locales las que ejecuten los proyectos. El presidente de la federación de constructores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, considera "primordial" que las actuaciones financiadas con esa partida contribuyan a consolidar la recuperación de la actividad en el Archipiélago, permitan crear empleo y faciliten que los beneficios se reinviertan en la región.
"No sería de recibo que las obras sean adjudicadas a empresas que no estén comprometidas con Canarias", apunta Izquierdo en declaraciones a este periódico. El dirigente empresarial sostiene que hay que "felicitar" al Ejecutivo regional por la financiación prevista para obra pública, pero matiza que es necesario "que la defensa de la empresa canaria no se quede en la teoría".
Preguntado por la viabilidad legal de que las adjudicaciones beneficien a entidades locales, el presidente de la patronal tinerfeña afirma que "hay que aprender de lo que se hace en otras comunidades autónomas, donde con la misma legislación la mayoría de la licitación es para empresas autóctonas".
Fepeco y su homóloga de la provincia de Las Palmas (AECP) han realizado aportaciones a una futura normativa que regule los pliegos de contratación en la que se incluyan "facilidades" para que la adjudicación recaiga sobre empresas isleñas, añade Óscar Izquierdo.
Hay un segundo motivo de preocupación para la federación: que la Administración canaria tenga "capacidad de gestión y eficacia" para que la inversión prevista se materialice en proyectos y licitaciones. La merma que han experimentado las plantillas públicas durante los años de la crisis hace temer a Izquierdo que no haya los suficientes efectivos para tramitar estas actuaciones. Por ello, propone una reforma de la ley de función pública que asegure la provisión del personal necesario y favorezca una gestión "más flexible" de las administraciones.
las claves
Empleo e inversión. Fepeco llama a que los proyectos sean adjudicados a empresas que creen empleo en las Islas y cuyos beneficios se queden en la Comunidad Autónoma.
Pliegos. Las patronales han trasladado aportaciones al Gobierno canario para que los pliegos de los concursos faciliten la adjudicación a empresas isleñas.
Las carreteras suponen la cantidad más elevada en el desglose de los 715 millones de euros que el Gobierno regional prevé invertir en obra pública este año. Se trata de algo más de 239 millones de euros, a los que hay que sumar -dentro de las actuaciones que gestionará la Vicepresidencia del Ejecutivo- los 16,6 millones destinados a los puertos cuya titularidad ostenta la Comunidad Autónoma.
La inversión anunciada por el Gobierno -a la que habría que añadir los recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado- se nutre también del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que aporta 196,6 millones de euros.
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda tendrá una dotación de 66,2 millones de euros. Medio Ambiente (parques nacionales, biodiversidad, seguridad y emergencias) y Política Territorial (planeamiento y ordenación y desarrollo de la Ley del Suelo) cuenta con 47,4 millones. Las infraestructuras educativas dispondrán de algo más de 43 millones, mientras que agricultura, pesca y agua tendrán 43,3 millones.
Para Sanidad (un nuevo centro de Atención Primaria, nuevos consultorios, remodelaciones, nuevos edificios y unidades de Atención Especializada) se consignan 35,1 millones. Finalmente, las infraestructuras turísticas y el patrimonio cultural contarán con una financiación de 23,5 millones.