La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife emitió una diligencia anteayer ordenando la remisión al Ministerio Fiscal del auto dictado el pasado 4 de diciembre, para que la Fiscalía se pronuncie sobre la prórroga del plazo para comenzar a restaurar el espacio alterado por sus empresas y sobre la imposición a los penados "de nuevas condiciones tendentes a garantizar la restauración del equilibrio ecológico perturbado, en tanto no se ejecuten los proyectos pendientes de aprobación".
El próximo día 28 se cumplen los dos años desde que los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, estaban acusados de extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar, fueron condenados a un año y tres meses de cárcel, suspendida durante dos años "condicionada al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia".
La decisión judicial se produjo tras el acuerdo alcanzado por los tres condenados con la Fiscalía, la acusación particular y el Ayuntamiento de Güímar, de modo que la Audiencia Provincial ordenó "la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad (...), declarándose la responsabilidad subsidiaria de las empresas Áridos del Sur S.A. (responsable de la explotación de la cantera denominada Badajoz), la entidad mercantil Hermanos Morales Martín S.L. (responsable de la explotación de la cantera denominada cantera Badén II), y la mercantil Extracción de Áridos Canarios S.A. (responsable de la explotación de la cantera B (Extracsa)".
Esta sentencia firme aclara que "deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes", que son Gobierno canario, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Güímar.
La acusación plantea que los tres empresarios afectados, que evitaron la exposición pública que hubiera supuesto el juicio y su entrada en prisión mediante el acuerdo que alcanzaron las partes, paguen la fianza que determinó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar, el pasado día 11 de diciembre de 2014: un importe superior a los 279 millones de euros, distribuidos entre Áridos del Atlántico (69,5 millones), Áridos del Sur (66,4 millones), Hermanos Morales Martín (62,9 millones), Áridos Puertito de Güímar (41,3 millones) y Áridos Canarios (39 millones).