El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane da por hecho que los servicios jurídicos de la empresa Unión de Asfaltos Palmeros (Unaspa) están diseñando su estrategia para defender en los tribunales sus intereses tras la decisión municipal de revisar de oficio la licencia concedida por silencio administrativo para la instalación de una planta de asfalto en la zona del Callejón de la Gata.

Gobierno y oposición son conscientes de que la reciente sentencia del TSJC por la primera planta paralizada, propiedad de Ruiz Romero, no cierra el camino judicial por este tipo de industrias en el polígono, aunque se haya celebrado como un éxito tener que pagar con fondos públicos un máximo de 176.000 euros (valor del montaje y desmontaje de la planta) por anular lo que previamente el ayuntamiento (léase políticos) habían permitido y que desde el principio rechazaron un grupo de vecinos que crearon una plataforma en contra del asfalto, con el asesoramiento del letrado Felipe Campos.

La batalla legal con Unaspa se diferencia de la mantenida con Ruiz Romero básicamente en la forma de lograr la licencia de instalación de sus plantas de asfalto. Ruiz Romero la logró por los cauces habituales, mientras que Unaspa obtuvo el permiso por silencio administrativo, tras transcurrir varios meses sin que el gobierno municipal (PP) respondiera a su solicitud, y ya tuvo incluso que acudir a la vía judicial después de que en octubre de 2013 la corporación aridanense paralizara el montaje de su industria por incumplir la legislación de actividades clasificadas en materia de distancias con respecto a núcleos poblacionales.

En aquella ocasión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJC estimó parcialmente la demanda reconociendo a la empresa el derecho a la licencia de instalación obtenida por silencio con imposición de costas a la administración demandada.

Falta por conocer a qué indemnización o gastos tendrá derecho Unaspa, aunque los juristas y grupos políticos municipales consultados están plenamente convencidos de que "también habrá que pagar", pero esperan que sea una cantidad similar a la que dictada en el caso de Ruiz Romero. El polígono quedará entonces libre de estas industrias y se clarificará su futuro.