El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz celebró ayer un pleno extraordinario y monográfico, solicitado por PSOE y ACP, para aclarar las dudas existentes sobre el proyecto del ansiado puerto de la ciudad turística. En la sesión, que duró casi cuatro horas, intervinieron Miguel Becerra y Ofelia Manjón, por parte del gobierno insular, y técnicos de la UTE Trazas-Giur, encargada de la elaboración del proyecto básico. Pese a los trámites pendientes, entre los que destaca la declaración de impacto ambiental o la adscripción de los terrenos, Becerra insistió en que la previsión del Cabildo de Tenerife es licitar la obras "antes de que termine este año".

En la primera parte de la sesión, centrada en resolver dudas técnicas, Becerra confirmó que el nuevo muelle pierde su categoría de puerto comercial para que el Cabildo pueda ser el promotor de la obra y se aceleren los trámites administrativos pendientes. Este cambio impide legalmente que el puerto pueda acoger una línea regular de transporte de pasajeros, pero no cruceros pequeños o medianos como los que, según recordó el alcalde, Lope Afonso, "está previsto que atraquen en el puerto de Tazacorte, en La Palma".

Becerra reiteró en varias ocasiones que el Cabildo de Tenerife iniciará los trámites necesarios para cambiar la categoría del puerto si, una vez finalizada la obra, "alguna naviera muestra interés en establecer una línea regular de pasajeros". Un compromiso que no convenció a ACP ni PSOE.

Este cambio de categoría, pactado por CC y PP mediante una disposición adicional incluida en la Ley del Suelo, supone también la eliminación del tacón previsto para ferris, "pero no una merma de la operatividad ni una reducción de la eslora de los barcos que podrán atracar en el futuro", según aclararon los técnicos.

Legalmente deja de ser comercial, pero la infraestructura está adaptada para poder serlo en el futuro, insistieron desde el gobierno local e insular.

Los cambios en el proyecto se centran en la parte interior del puerto, que mantiene sus dimensiones exteriores, tanto en los diques como en la bocana. Estas modificaciones afectan a la marina seca, que se traslada del entorno del muelle viejo a la zona más cercana a Playa Jardín y, además, se divide en dos: una marina seca para pescadores -que se mantiene cerca del muelle actual- y otra para embarcaciones deportivas. Además, se ganan 35 atraques deportivos y espacio para ocho grandes yates, donde estaba previsto el atraque de ferris.

Para acelerar la tramitación, se confirmó la separación de las fases de los lados mar y tierra. La actuación comenzará en el mar y continuará, cuando se apruebe el Plan de Modernización y Mejora II, en la zona de tierra. La obra, y las autorizaciones necesarias, se dividen para no bloquear la totalidad del proyecto por la zona terrestre, que va algo más retrasada. La obra del dique exterior durará entre tres y cuatro años. El plazo de ejecución total del muelle y el parque marítimo ronda los siete años. Su presupuesto estimado es de unos 126 millones de euros.

Si se cumple la previsión de que la obra comience en 2018, y no hay retrasos, el muelle y el parque marítimo podrían terminarse en 2025.

El proyecto modificado saldrá a exposición pública "esta semana o la próxima", con el objetivo de que, posteriormente, se contesten las alegaciones y se aprueben primero la declaración de impacto ambiental, que depende del Gobierno de Canarias, y luego la adscripción de los terrenos, una competencia de Costas. Todo antes de que termine 2018, para poder iniciar también este año el proceso de licitación.

La histórica hoja de ruta consensuada por CC, PP, PSOE y ACP para sacar adelante el esperado muelle del Puerto de la Cruz quedó en la sesión de ayer en entredicho. La Asamblea Ciudadana Portuense anunció que planteará a sus militantes salirse de este acuerdo por los "numerosos incumplimientos", y el PSOE aseguró que solicitará la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo para plantear su modificación.

Unos cambios que podrían contar con el respaldo de ACP, pero también del PP y CC. El propio alcalde, Lope Afonso (PP), aseguró al término de la sesión que no vería con malos ojos una modificación pactada de este acuerdo. Una opinión que también comparte la nacionalista Sandra Rodríguez.

Para CC y PP, la hoja de ruta "está viva y se puede modificar", aunque, a tenor de lo visto ayer en el pleno, no será fácil lograr un nuevo consenso.

La oposición lamentó que la mesa de seguimiento de este acuerdo no se haya reunido desde hace 11 meses, un retraso asumido por el Cabildo.