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A BABOR FRANCISCO POMARES

Carretera y mantra

13/ene/18 6:32 AM
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El Gobierno de Canarias ha advertido de que sin convenio de carreteras no habrá apoyo a los presupuestos del Estado. Lo dijo el miércoles el vicepresidente y responsable de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el jueves lo reafirmó el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas. Ambos consideran que la firma del nuevo convenio es de vital importancia para las Islas y uno de los asuntos claves en la negociación de la agenda canaria, que el presidente Clavijo espera reactivar la próxima semana en un encuentro con Mariano Rajoy.

Al margen de que la aprobación de los presupuestos no dependen ahora del voto de los dos diputados canarios, sino de los vascos, renuentes a comprometerse en estos momentos con el Gobierno que puso en marcha en Cataluña el procedimiento establecido en el Artículo 155, la advertencia sobre la firma del convenio de carreteras es bastante oportuna. Se produce justo cuando el Tribunal Supremo reconoce por sentencia una deuda de 138 millones que el Gobierno de Canarias reclamaba a Madrid, por incumplimiento del convenio de 2012. La sentencia es sin duda la primera de una serie que se irá produciendo en años sucesivos en la misma línea, dado que los recursos contra el incumplimiento del convenio se presentaron año por año entre 2012 y 2014, aunque dejaron de presentarse en la etapa de Ornella Chacón al frente de la Consejería (2015 y 2016), sin que el Gobierno haya sido capaz hasta ahora de explicar por qué se hizo tal cosa.

En cualquier caso, la deuda final del Estado con las Islas supone un total de 462 millones (excluyendo los dos años no reclamados) que el Ministerio de Fomento anunció estar dispuesto a incorporar al nuevo convenio. Es un buen pico que -tras el fallo del Supremo- la administración central deberá transferir a las Islas por la vía de crédito extraordinario, como adenda al convenio o renunciando al cobro de cantidades adelantadas a Canarias por el Fondo de Liquidez Autonómica. Lo de menos es cómo se haga, la cuestión es que el dinero vaya llegando y se puedan acelerar las obras viarias suspendidas durante la crisis.

Es cierto que durante los años más duros se produjeron recortes en todo. Sin embargo, unos territorios fueron mejor tratados que otros. Como demostración, ahí está Galicia, regada con dinero para carreteras de una forma escandalosa cuando en Canarias se retiraba hasta el último euro del convenio. El enfrentamiento entre el ministro Soria y Paulino Rivero provocó que el Gobierno de Rajoy fuera especialmente cicatero con las Islas y se incumplieran los compromisos plurianuales contraídos. Y ese incumplimiento, unido a la ausencia de ningún intento de negociación entre el Gobierno de la nación y el de Canarias, previo a la retirada de los fondos de los convenios, es lo que sustancia el fallo del Supremo, contradiciendo otro previo de la Audiencia Nacional, favorable a Madrid.

El criterio es que el Estado puede reconsiderar sus gastos, pero no puede dejar de atender obras ya comprometidas en licitaciones plurianuales. Por eso ahora, cuando Montoro vuelve al mantra de la austeridad y sorprende a sus propios colegas con un recorte del 50 por ciento de la inversión pública, lo que toca es que ese recorte no suponga en ningún caso que se deje de pagar lo que se les debe a las Islas. Y estudiar si es viable la reclamación de las cantidades no abonadas entre 2015 y 2016. Que es otro buen pellizco.

A BABOR FRANCISCO POMARES