Veinte de los 28 procesados en el "caso Faycán" han reconocido hoy ante la Audiencia de Las Palmas que participaron en una trama corrupta que cobró comisiones ilegales en del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) para lograr fondos que financiaron al PP de la ciudad y enriquecerse varios de ellos.

Esos veinte acusados han comunicado hoy al tribunal durante la primera sesión del juicio que son ciertos los cargos que se dirigen contra ellos (cohecho, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos) y que aceptan las condenas que les reclama el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.

Estas penas quedan rebajadas ahora a un máximo de dos años de cárcel por la aplicación de atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas, así como por el reconocimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia y dilaciones indebidas (las condenas llegaban hasta los 10 años).

Los otros ocho procesados no aceptan las imputaciones del fiscal y defienden su inocencia: se trata de los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano (ambos del PP); el exconcejal de Ordenación Territorial Agustín León (Ciuca); los funcionarios Esteban Cabrera, Juan Felipe Cabrera, Emilio Hernández y José Luis Mena; y el empresario Domingo Juan Campos.

La vista oral continuará solo para ellos, ya que el tribunal ha decidido que las otras 20 personas que se sentaban hasta esta mañana en el banquillo declaren solo como testigos, sin letrados que les asistan, y que, en consecuencia, se replantee el calendario del juicio, que inicialmente se iba a prolongar unos cinco meses.

Sin embargo, la Fiscalía cuenta desde este momento con confesiones clave que apuntalan su relato de hechos, entre ellas la del interventor del Ayuntamiento Enrique Orts, a quien sitúa entre los promotores de la trama corrupta que "con el pretexto de financiar al Partido Popular en Telde, decide organizar un sistema de obtención ilícita de fondos, utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la citada Corporación Local" (años 2003 a 2007).

De acuerdo con la versión del fiscal anticorrupción, Luis del Río, en el centro de esta trama también estaban el alcalde, Francisco Valido (PP), y la concejal de Obras y esposa de Orts, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante el periodo de instrucción.

El Ministerio Público también dispone de la confesión de los ediles de Hacienda y Aguas en aquellas fechas, Carmelo Oliva (PP) y Candelaria Sánchez (Ciuca), y de directivos de empresas que admiten que pagaron sobornos a cambio de obtener contratos del Consistorio.

Estos empresarios son Antonio Nadal y Juan Francisco Gordillo (de Cobra y Moncobra), Alejandro Navarro (de la constructora Mazzoti, Pedro Antonio Betancor (de Cementos Las Torres), Abelardo Martínez (Dragados), Ángel Omar Suárez (Planes, Gestión y Construcciones), Víctor Hugo Rosales (Iturri) y José Manuel Gutiérrez (Preconte), además del ferretero Felipe Ojeda y la responsable de una cooperativa y denunciante del caso Luz Navarro Montesdeoca .

La vista continuará mañana con la declaración de los primeros testigos, ya que el tribunal ha acordado, a petición de las defensas y para mayor garantía procesal para los imputados, que estos declaren una vez concluida la prueba testifical.

Así, la sesión arrancará con el testimonio de los acusados que se han declarado culpables: el interventor Enrique Orts; el asesor de Torres, Francisco Gordillo; el edil de Hacienda, Carmelo Oliva; los hijos de Orts y Torres, María Eugenia y Francisco; el director en Canarias de Cobra y Moncobra; y Juan Francisco Gordillo Chamorro (hijo del asesor de Torres), comercial e Cobra.

El jueves y el viernes de esta semana continuarán las sesiones con la declaración como testigos del resto de los procesados que se han conformado, según ha indicado el presidente del tribunal, Salvador Alba, quien ha informado de que las jornadas previstas para la próxima semana se han suspendido y que la vista se reanudará el día 5 de febrero con la prueba testifical (cada día se citará a siete testigos).

En cuanto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, Alba ha indicado que las peticiones de anulación de la causa planteada por el abogado del funcionario José Luis Mena se resolverá en sentencia, así como la nulidad de la responsabilidad civil subsidiaria que se reclama al PP pedida por el letrado Jorge Rodríguez.

Se da la circunstancia que este letrado fue absuelto en la pieza separada de esta causa que juzgó en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el "caso Europa", por su condición de aforado al ser parlamentario regional del PP, en un caso de tráfico de influencias para conseguir promociones de viviendas sociales en la que fue condenado Mena.