Ha explicado Óscar Izquierdo que la patronal que preside -Fepeco- ha realizado aportaciones a la futura normativa que regulará los pliegos de contratación en los que se incluirán facilidades para que la adjudicación recaiga en las empresas isleñas. Y yo me he quedado patidifuso: esa práctica en la que él dice haber colaborado ha sido siempre ilegal en España y en Europa, de donde llegan la mayor parte de los fondos que se destinan a obra pública. Y ahora, la nueva Ley de Contratos penaliza todavía más cualquier retorcimiento de la libre competencia. ¿En qué consisten las aportaciones de Izquierdo a la normativa? Yo quiero saberlo.
Cuarenta años llevan pidiendo lo mismo los constructores canarios: más inversión, sobre todo en carreteras; y que, cuando se adjudique, se adjudique con patriotismo, que las obras caigan del lado de su cartera, una cartera que se define como canaria, pero que es tan global como la de cualquier otro empresario de fuera. Lo es desde que el dinero circula miles de kilómetros en apenas décimas de segundo. Muy al contrario, los trabajadores que palean el piche o levantan un bloque tras otro, la mano de obra que se curra la obra pública, suele ser en su mayor parte de aquí, sea quien sea el contratista. Es mucho más fácil mover dinero que transportar obreros. Sólo en situaciones de extraordinaria bonanza inversora han llegado a las Islas cuadrillas de fuera especializadas en el trabajo estajanovista, traídas para la construcción turística. Pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es que los empresarios pidan año tras año, sin cortarse un pelo y cada vez con más descaro, que el Gobierno fuerce la legislación comunitaria para adjudicarles a ellos las obras. Y ahora no sólo lo piden, según Izquierdo. Ahora también participan en la elaboración de las normas que han de regular la contratación. Y lo sorprendente y descorazonador es que eso no genere ningún escándalo social. Parece como si estuviéramos cada vez más acostumbrados a este paisaje y a este paisanaje alentador de prevaricaciones. Ni una sola voz se eleva desde las entidades sociales, universitarias o sindicales, cómodamente instaladas en el "dejar hacer, dejar pasar"", antes de ejercer su papel de denuncia y contrapeso en el sistema.
Porque? ¿hay algún motivo que justifique favorecer a los constructores de aquí frente a los de fuera? ¿Y cuál sería ese motivo? A Óscar Izquierdo le parece que eso es lo natural. ¿Por qué? ¿Le parecería natural al señor Izquierdo que a las constructoras de Madrid se les otorguen ventajas competitivas en las obras que se realizan en Madrid? ¿Les parece a los empresarios canarios que hay que olvidarse de la libre competencia y el Mercado Único? ¿Les parecería razonable que el Gobierno alemán primara a los turistas que decidan pasar sus vacaciones en Alemania para favorecer así el turismo interior?
Las leyes de transparencia aspiran a traer más luz y claridad a los comportamientos de los políticos y de los funcionarios, pero no alcanzan a la empresa privada. Por eso es necesaria, como ocurre en la mayoría de los países de Europa, que se regule la actuación de los "grupos de interés" -los "lobbys"-, para que sea mucho más visible su relación con los altos cargos políticos y las administraciones. Y para que aportaciones sobre cambios normativos como la que el presidente de Fepeco asegura haber realizado dejen su huella digital y se puedan conocer al instante por funcionarios, parlamentarios y ciudadano interesados.
Porque formar parte de la Unión, ser europeos, es también denunciar esos trasiegos entre políticos y empresarios. No solo es poner el cazo en los fondos Feder o en los convenios de carreteras financiados por el Estado, o en pagar menos y cobrar más por ser ultraperiféricos. Es integrar en nuestro sistema las prácticas de transparencia e igualdad, que han hecho de Europa el lugar del mundo políticamente más sano y socialmente más justo.