Santa Cruz de Tenerife
A BABOR FRANCISCO POMARES

Las Teresitas del PP grancanario

16/ene/18 6:16 AM
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La Audiencia de Las Palmas inició ayer la vista del juicio del caso Faycán, sobre el cobro de comisiones y financiación ilegal que implica a veintiocho procesados y arrancó hace once años, cuando se destapó que dirigentes del PP y Ciuca estaban implicados en el cobro generalizado de mordidas. Entre los procesados están el que fuera alcalde de Telde por el PP, Francisco Valido, y hasta cinco concejales, entre ellos la también exalcaldesa y expresidenta del PP local de Telde, María del Carmen Castellano. Al alcalde se le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación y a la alcaldesa, cinco por malversación, fraude, falsedad y blanqueo. También están acusados el interventor municipal Enrique Orts, viudo de la concejal de Contratación, María Antonia Torres, a la que la fiscalía responsabilizó de estar en el mismo centro de la trama corrupta y que se quitó la vida en 2010. Torres no pudo soportar la presión de ser acusada de urdir "un sistema de obtención ilícita de fondos" con ayuda de varios empresarios que pagaban sobornos y comisiones que -en algunos casos- llegaron a suponer hasta el veinte por ciento de la obra licitada, o incluso de la deuda pendiente de cobrar al ayuntamiento por obras ya realizadas o servicios prestados. Teóricamente, todo aquel entramado perseguía la financiación del PP teldense, aunque lo que ocurrió -según la fiscalía- tiene bastante más que ver con el hecho de que los imputados se enriquecieron personalmente, mientras el PP miraba para otro lado. Ahora ya va a ser imposible que eso siga siendo así: veinte de los veintiocho procesados ya han reconocido su implicación y responsabilidades antes de dar comienzo la vista del proceso, logrando gracias a eso importantes reducciones de sus penas. El caso ha contado con pieza separada, juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2014, que absolvió al diputado popular Jorge Rodríguez del delito de tráfico de influencias que se le atribuía, en la gestión de compra de voluntades para que el grupo Europa se hiciera con la construcción de vivienda pública en Telde y otros municipios.

Rodríguez fue exculpado, pero la sospecha de connivencia entre empresas concesionarias y políticos del PP nunca se disipó. De hecho, el caso Faycán es considerado como una suerte de caso Teresitas o caso Gürtel del PP canario. No supuso un "pelotazo de libro", sino la suma de opíparos menudeos, ni tuvo las extraordinarias ramificaciones del caso Gürtell, pero sí implicó a todo un ayuntamiento, con sus alcaldes y grupo de gobierno, durante muchos años, y contaminó además a distintas instancias del PP grancanario, que siempre estuvo más en línea de hacer la vista gorda que de acabar con la golfería. Hasta qué punto el partido no era ajeno a lo ocurrido es una de las cosas que debería dirimir este proceso, pero no hay demasiado optimismo en ese sentido.

El caso será juzgado por el polémico Salvador Alba, que actúa como presidente del tribunal, lo que -a mi juicio- podría significar una contaminación del procedimiento. Alba ha sido reiteradamente señalado como amigo del exministro y presidente del PP José Manuel Soria, especialmente tras su implicación en la operación judicial contra la jueza Victoria Rosell, que forzó la salida de esta de las candidaturas de Podemos. Alba está siendo investigado por su comportamiento de entonces. No parece tener sentido que presida el tribunal que ha de ocuparse del mayor escándalo de corrupción del PP en Canarias. Pero en esta región lo que ocurre algunas veces en la Justicia es tan surrealista como lo que ocurre tan frecuentemente en política.

A BABOR FRANCISCO POMARES