El Congreso comenzará a debatir este jueves las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al articulado de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue remitida en abril de 2015 por el Parlamento autonómico y que incluye una propuesta para modificar el sistema electoral de las islas.

La Comisión Constitucional que preside Jesús Posada constituyó el pasado diciembre la ponencia encargada de estudiar el articulado de la reforma con idea de redactar su informe en febrero para que, una vez que se debata y vote en comisión, el Pleno del Congreso pueda aprobar el nuevo estatuto en marzo con destino al Senado.

Si bien todos los grupos están de acuerdo con la necesidad de ser "diligentes", el calendario está puesto en duda y depende también de las negociaciones que, en paralelo, se están llevando a cabo en Canarias. "Vista la complejidad de fijar un día para reunirnos y las agendas de todos, no sé si será posible", afirmó en su momento la diputada de Ciudadanos (Cs) Melisa Rodríguez, algo con lo que coincidía el socialista Sebastián Franquis.

Por su parte, el parlamentario del PP Pablo Matos espera que no haya problemas pues sostiene que su grupo ha hecho su trabajo previo de "limpiar cualquier matiz que pueda considerarse inconstitucional".

La ponencia parlamentaria trabajará a puerta cerrada e irá repasando los distintos artículos en el texto original y las correspondientes enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, y de momento sólo introducirá cambios que tengan detrás un amplio consenso. TRAS DOS AÑOS EN LA ''NEVERA''

El proyecto de nuevo Estatuto de las islas fue aprobado en Canarias en 2015, con los votos del PSOE y Coalición Canaria, el ''no'' del PP y la abstención de Nueva Canarias. Sin embargo, tras el acuerdo entre los ''populares'' y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP sí apoyó su toma en consideración en el Pleno hace un año, donde recabó el rechazo de Ciudadanos y Unidos Podemos, que aún no estaban presentes en el Parlamento canario cuando se redactó.

Este es el segundo intento de reforma que hace el Parlamento Canario, que ya remitió un texto al Congreso hace diez años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso, precisamente en lo relativo al sistema electoral.

Canarias carece de ley electoral propia y la propuesta de reforma incluye una disposición transitoria con el objetivo de que, hasta que se apruebe una norma específica, se pueda ir funcionando con un sistema de 60 escaños con posibilidad de ampliarlos a 70.

FÓRMULA TRANSITORIA HASTA QUE HAYA UNA LEY

Estos asientos se distribuirían de la siguiente forma: 15 por Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, 8 por Lanzarote y otros tantos por La Palma, 7 por Fuerteventura, 4 por El Hierro y 3 por La Gomera. Además, la reforma prevé una bajada de los topes mínimos para entrar en el Parlamento canario, de los más altos de España: el insular se quiere reducir del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%.

El PSOE no ha presentado ninguna enmienda relativa a estos umbrales para obtener representación, dando por bueno el texto remitido por el Parlamento regional. Sin embargo, sí apuesta por elevar de 60 a 71 el número de diputados, un incremento que se produciría mediante la creación de una nueva circunscripción de ámbito autonómico por la que se elegirían 10 escaños, y dando un nuevo asiento a la isla de Fuerteventura, que pasaría de siete a ocho diputados.

Mientras que ni el PP ni Coalición Canaria plantean cambios en los puntos de la reforma que afectan al sistema electoral, Nueva Canarias sí ha registrado enmiendas en este sentido con el objetivo de fijar como único requisito mínimo la obtención de al menos el 5% de los votos de la correspondiente circunscripción insular.

Además, Pedro Quevedo, cuya formación no obtiene escaños en las islas pequeñas, apuesta por elevar de 60 a 75 los escaños del Parlamento Canario con la siguiente distribución: 22 por Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, 8 por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, 4 por La Gomera y 3 por El Hierro.

DAR ENTIDAD CONSTITUCIONAL AL REF

La reforma del Estatuto contempla otros puntos: dar más seguridad jurídica al REF al ''anclarlo'' constitucionalmente así como aclarar y reforzar las singularidades canarias con un estatus fiscal y económico específico y un tratamiento particular en la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), derivado de los sobrecostes que generan la lejanía y la fragmentación geográfica.

Asimismo, el nuevo Estatuto permitirá al presidente del Gobierno canario disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, aparte de que podrá elaborar decretos ley en caso de urgente necesidad.

La canaria es la primera reforma estatutaria que se tramita en esta legislatura y, cuando concluya, le tocará el turno a las otras dos que están en cola: la valenciana, que está pendiente desde 2011, y la murciana, que el Congreso aceptó tramitar el pasado mes de septiembre.