A raíz de la denuncia interpuesta, el pasado mes de diciembre, por la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, la misma procedió a abrir "las correspondientes diligencias de investigación penales, bajo el número de registro 18/2018". Tal denuncia aludía a la acción del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) en relación con el campo de tiro de Adeje.

El colectivo que se opone a la actividad del campo de tiro argumentó en su denuncia que el CIATF había incurrido en un supuesto "trato de favor" al Ayuntamiento de Adeje al conceder "un nuevo plazo para que el consistorio solicitase y tramitase un permiso para poder arrojar vertidos al barranco de Ajabo". Un hecho que Amigos en Defensa de Ajabo entiende que esto es "contrario a derecho", porque la legislación establece "que, una vez agotado el plazo para ello, solo se podrá otorgar una prorroga de un plazo máximo de la mitad del tiempo otorgado en el primer requerimiento".

Amigos de Ajabo argumentó que este requerimiento de permiso, su tramitación y posible concesión "nunca debieron darse, puesto que ya la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tenía abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Adeje por infracciones de vertidos al barranco de Ajabo". Por ello, solicitó al CIATF que "procediese a la suspensión cautelar de las actividades y a elevar al Ejecutivo autónomo el cierre definitivo de las instalaciones".

En el texto de denuncia también se argumentó que "se perdieron" las muestras de tierra tomadas, con la supervisión ciudadana, por los técnicos adscritos al CIATF para analizarlas y determinar el nivel de contaminación, realizándose nuevas pruebas analíticas en los acuíferos de la zona (sin supervisión del colectivo) "con resultados diferentes a los anteriores". Ajabo dejó constancia ante la Fiscalía de las citadas circunstancias, así como de sus resultados antagónicos.

El colectivo social deja claro que las diligencias abiertas en el marco de la investigación penal serán las que permitan a la Fiscalía "incorporar esta denuncia a la causa que se está instruyendo en el juzgado de Arona o, en su defecto, proceder a la apertura de otra".

Los miembros de la asociación reiteran la petición a las administraciones implicadas en este caso para que procedan al cierre de estas instalaciones "por las irregularidades que tiene y las graves consecuencias que podría conllevar continuar con las actividades en el campo de tiro".