La lista de imputados del "caso Faycán" que se reconocen culpables de los cargos que se les imputan se ampliará a 21 con el técnico del Ayuntamiento de Telde Esteban Cabrera, que ha decidido admitir su participación en esa trama de sobornos y comisiones, ha anunciado hoy su defensa.

Cabrera está procesado por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad, por el que se expone a una posible condena de 13 años de cárcel y 32 de inhabilitación, la mayor de las planteadas por la Fiscalía para los 28 encausados.

Aunque inicialmente había optado por defender su inocencia, este funcionario del Ayuntamiento de Telde tiene ahora la "intención de reconocer algunos de los hechos" que se le achacan, conforme ha expuesto esta mañana su abogado defensor durante la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas.

Qué delitos piensa admitir y cuáles no seguirá siendo una incógnita, en todo caso, hasta el 5 de febrero, cuando se reanude la vista oral del proceso tras un paréntesis de sus sesiones fijado a partir de hoy, debido a que, si bien el letrado ha expresado su propósito de darlos a conocer de palabra en esta misma jornada, el tribunal le ha instado a comunicarlo previamente por escrito.

Por ello, el defensor del técnico municipal ha explicado a los medios de comunicación que prefería no anticipar los detalles de su decisión y aguardar a la reanudación del juicio.

Sí ha aclarado, en todo caso, que la razón del cambio de postura de Esteban Cabrera, que se exponía a una condena de 13 años de cárcel, es que pretende acogerse a beneficios que permitan rebajar la condena a la que se expone, como han hecho ya otros 20 de los acusados del "Faycán" desde la primera jornada de la vista oral, celebrada el pasado lunes.

Sus planes se han dado a conocer al final de una sesión en la que estaban citados a declarar seis de los enjuiciados como participantes en la presunta trama de cobro comisiones ilegales en el cuarto mayor ayuntamiento de Canarias, pero en la que finalmente solo han prestado testimonio, y muy breve, dos de ellos.

Ello se ha debido a que tanto el fiscal como las defensas de los ocho acusados que hasta ahora siguen sin admitir los delitos que se les imputan han renunciado a hacerles preguntas, al considerar que su reconocimiento de los hechos hacía innecesario pedirles más aclaraciones, igual que sucedió ya ayer con la mayoría de otros seis procesados convocados para comparecer en esa sesión.

Quien sí ha sido interrogado en esta jornada es José Luis Sánchez, que fue asesor en el mandato en que se produjeron los hechos, comprendido entre 2003 y 2007, de la exalcaldesa de Telde María del Carmen Castellano, que en ese periodo era concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP .

Como ya hiciera al comienzo del juicio, Sánchez ha admitido tener constancia y haber colaborado en el desvío de fondos públicos para pagar sobornos a autoridades y empleados de la corporación municipal, así como para costear una reforma de la sede del PP en Telde, a instancias del fiscal, pero también ha dicho desconocer si María del Carmen Castellano sabía lo que pasaba.

"No tuve constancia de que lo supiera", ha asegurado el asesor de la entonces concejal, incluso pese a corroborar que esta autorizó con su firma los pagos de facturas falsas empleadas para justificar el gasto de dinero destinado a las obras de la sede local del PP, aduciendo que se había dedicado a adquirir consumibles de oficina y otros bienes en vez de materiales de construcción.

"Lo que pasa es que en aquella época ella no venía mucho por la oficina", ha argumentado Sánchez, que ni siquiera ha rectificado su versión de que ignoraba si la edil conocía o no lo que estaba pasando después de que, en mitad de su interrogatorio, el fiscal optara por poner la grabación de una conversación telefónica suya con otro implicado en la que se aludía a Castellano.

Su interlocutor en esa llamada hacía referencia a la concejal, en una ocasión, señalando que "Mari Carmen ha elegido el piso más claro", y, en otra, instándole a comunicarle que debía autorizar el pago de algunas facturas fraudulentas.

"Te lo digo para que se lo digas a la jefa, porque son unos montantes importantes", son las palabras con las que le fue transmitido ese mensaje.

No obstante, José Luis Sánchez ha asegurado "no recordar" si había hablado del asunto con la responsable de Desarrollo Local y ha sostenido que el hecho de que fuera ella quien autorizara abonar parte de los gastos ilegales del "caso Faycán" no implica que supiera el destino final del dinero.

Puesto que "a ella le pasaban muchas facturas, le pasaban ''tongas'' y ''tongas'' de facturas", ha declarado.

El otro imputado al que se interrogó hoy, José Manuel Gutiérrez, administrador de la constructora Preconte, ha confirmado que vendió un ático a otro asesor implicado en la trama corrupta, Francisco Gordillo, y que habló con él para agilizar la concesión de permisos municipales necesarios para que se pudiera entrar a vivir a la promoción de viviendas de la que formaba parte.

Un trámite que Gordillo deseaba resolver cuanto antes porque había comprado el inmueble antes de que fuera construido y, en consecuencia, "tenía mucho interés en meterse en la vivienda, porque ya había pagado", ha expuesto Gutiérrez a preguntas del fiscal y tras escuchar unas conversaciones telefónicas intervenidas en las que ambos hablaban sobre cuándo estarían listos dichos permisos.