La reforma electoral que propone el Parlamento de Canarias no es una tomadura de pelo, ni un error, ni un despiste de sus señorías: es una monumental estafa, una demostración más del grado de deterioro político y moral de quienes nos representan. Lo que quiere el Parlamento es ampliar el número de diputados, cuyos sueldos, transporte, hospedaje, acomodo y canonjías vamos a pagar entre todos. Pero si amplían el número de diputados no es para mejorar la representación y proporcionalidad -eso queda casi exactamente igual-, es solo para cubrir las pérdidas de diputados que la reducción de los topes electorales les suponen a los partidos.

Un cálculo realizado por la agencia EFE sobre los resultados de las pasadas elecciones demuestra que con la ampliación de diputados se cubren -y aumenta- el número de escaños de los grandes partidos, evitando el impacto que la rebaja de los topes y la incorporación de Ciudadanos al Parlamento les supondría. De esa manera, se cubren los diputados que pierden el PP, el PSOE, Coalición y Nueva Canarias por la aplicación de los topes, pero no se modifica ninguna otra cosa. Podemos -que se opone a casi todo- apoya este estropicio porque con el reparto de los restos consigue dos diputados más. Han dicho que sólo votarán la reforma si no supone más gasto público, pero eso no va a ocurrir. Los diputados deberían reducir sus actuales salarios en un 15 o 16 por ciento para poder cubrir lo que cuestan diez diputados más, que son los que se van a repartir los partidos. ¿Alguien cree seriamente que sus señorías estarían dispuestas a reducirse el salario un 15 por ciento? Yo no. Por lo menos sin verlo reflejado previamente a la reforma en el presupuesto del Parlamento. Y ni así se evitaría el enorme gasto público que supondrá ampliar el aforo del Parlamento de sesenta diputados a setenta. Ya no caben donde están? ¿Cómo van a meter diez más?

Los argumentos que se ofrecen para justificar el aumento son falsos de toda falsedad: es falso que mejore la proporcionalidad y se tienda a igualar el valor de la representación. Eso no ocurre en ningún caso. Un diputado de El Hierro seguirá costando veinte veces menos que uno de Gran Canaria o Tenerife. En realidad, a los partidos eso les da igual. Lo que les preocupa es no reducir su cuota de poder, por eso plantean una reforma que implica aumentar los diputados más de un 15 por ciento, sin modificar la representación o la proporcionalidad. Si sus señorías persiguieran algo más que blindarse a sí mismas y aumentar los dineros que reciben del Parlamento, harían una reforma basada en la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General: dos diputados por isla y 39 por criterio poblacional, estrictamente poblacional. Eso sí resuelve los problemas de la representación y la proporcionalidad entre islas. No entiendo cómo es posible que las asociaciones y organizaciones que reclamaban la modificación de la ley desde Gran Canaria permanezcan ahora calladas ante esta trapacera chapuza que lo deja todo exactamente igual, pero nos cuesta un ojo de la cara, y aumenta el número de diputados. Al final, van a tener razón quienes acusaban a los portavoces sociales de la reforma electoral de estar al servicio de los partidos. ¿Cómo es posible que Demócratas por el Cambio, la asociación que ha liderado la presión social por cambiar las actuales normas electorales no denuncie lo que pretenden hacer?

Porque esto es una estafa, un engaño, una golfería: un miserable acuerdo de los partidos para no perder ni un diputado ni un euro, para que la entrada de los partidos que se quedaban fuera por los topes no les perjudique, para repartirse a la zorruna un montón más de dinero.