Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del Archipiélago y el Gobierno canario elevarán hoy a la Mesa General de Concertación Social los acuerdos que han alcanzado durante el último año en las diferentes mesas de trabajo en busca de un compromiso final para mejorar el empleo y las condiciones laborales y sociales en la región. El documento que se prevé sea firmado por las partes recoge decenas de acuerdos en participación institucional, políticas activas de empleo, competitividad o economía sumergida, entre otros aspectos.
En materia de participación institucional, los sindicatos CCOO y UGT, las patronales CEOE (Santa Cruz de Tenerife) y CCE (Las Palmas) y el Ejecutivo contemplan un nuevo intento de reactivar el Tribunal Laboral de Canarias al constatar que esta institución "resuelve conflictos en menor tiempo, con menos coste económico y menor fricción social", permite "desahogar" los tribunales de Justicia y "consolida un clima de confianza social", según reza el documento que recopila los acuerdos alcanzados y al que ha tenido acceso este periódico.
"Las partes se comprometen, para resolver las controversias que bloqueen la negociación colectiva, a acudir a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos, en especial los que se han instituido en torno al Tribunal Laboral". La intención de las tres partes es promover la incorporación en los convenios, pactos o acuerdos en empresas de "cláusulas de sometimiento" de los conflictos a estas instancias extrajudiciales.
Las organizaciones sindicales y empresariales y el Ejecutivo entienden que el potencial del Tribunal Laboral de Canarias "no está siendo debidamente aprovechado", lo que atribuyen a sus insuficientes "recursos humanos y económicos". Para paliar esta escasez de medios, proponen que los presupuestos de la Comunidad Autónoma destinen una partida "específica, suficiente y plurianual" a este órgano.
En el capítulo de Protección Social, CCOO y UGT han planteado poner en marcha una renta social garantizada, mientras que las patronales abogan por "políticas sociales más coordinadas, eficaces e integradas en las políticas activas de empleo" y el Gobierno recuerda que se encuentra embarcado en diferentes iniciativas, como el segundo Plan de Inclusión Social, las leyes de Servicios Sociales y de cláusulas sociales en la contratación pública y la revisión de la prestación canaria de inserción (PCI).
El acuerdo en esta materia incluye tanto seguir desarrollando las medidas previstas en los presupuestos autonómicos como constituir una mesa de trabajo para "estudiar y acordar las mejoras necesarias en la actual Ley de Prestación Canaria de Inserción, en relación a los supuestos o situaciones de aquellas personas y familias en clara situación de exclusión social" y la PCI, así como realizar una valoración de sus "fortalezas y debilidades". En dicho órgano estarían representadas las centrales sindicales y los empresarios.
Entre los acuerdos en políticas activas de empleo se encuentra que sindicatos y patronales participen "de forma activa" en su diseño y evaluación y que estas actuaciones son "fruto del consenso de la Administración Pública Canaria y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas". Cabe recordar que la atribución de estas políticas a los cabildos en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) suscitó críticas sindicales.
Un inventario de recursos para el empleo, un catálogo de especialidades formativas "adaptadas a la realidad del mercado en Canarias" -centrado, entre otras materias, en los idiomas, la digitalización o la economía circular- y las medidas que favorezcan la contratación indefinida son otros acuerdos en este capítulo.
En competitividad, el documento contempla facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, la "reconversión" de los espacios turísticos, un "plan renove" en tecnología para incentivar el ahorro energético o la aprobación de una ley de mecenazgo autonómica.
Como acciones para combatir la economía, Gobierno, sindicatos y empresarios acuerdan un plan de racionalización administrativa que simplifique trámites a las empresas, crear un "observatorio del fraude", controlar las transacciones inmobiliarias, dar seguridad jurídica al alquiler vacacional o incidir en la información, la educación y la formación.
Para abordar el absentismo se propone un conjunto de medidas que incluyen un observatorio de las incapacidades temporales, fomentar el teletrabajo, incrementar la plantilla de inspectores médicos, introducir en las empresas planes de motivación en las empresas, tratar de mejorar el clima laboral o incluir retribuciones variables en función de la productividad o el cumplimiento de objetivos.
las mesas técnicas
Participación social. La resolución extrajudicial de conflictos mediante el recurso al Tribunal Laboral de Canarias y la reactivación de este con un mayor presupuesto es el principal acuerdo tomado en el seno de la mesa de participación social.
Competitividad, economía sumergida y absentismo. En esta mesa de trabajo se tomaron acuerdos como la necesidad de mejorar la gestión y recaudación tributaria, impulsar el comercio electrónico, renovar la industria turística, facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, desarrollar un "plan renove" tecnológico, crear una ley de mecenazgo canaria, promover el asociacionismo para prevenir la economía irregular, bonificar la contratación indefinida, constituir un "observatorio del fraude", poner en práctica un plan de racionalización administrativa, mejorar la gestión y control de la incapacidad temporal por contingencias comunes, facilitar la conciliación, mejorar el clima laboral o ampliar la plantilla de inspectores médicos.
Políticas activas de empleo. Los acuerdos adoptados incluyen la participación activa de empresarios y sindicatos en el diseño y evaluación de estas políticas, elaborar un inventario de recursos para el empleo, diseñar un catálogo de especialidades formativas adaptada a la realidad del mercado, habilitar itinerarios integrados para desempleados menores de 30 años y mayores de 45 o aplicar medidas para la contratación estable.
Protección social. Las organizaciones sindicales y empresariales serán incorporadas a una mesa de trabajo que estudiará la mejora de la PCI y al Observatorio Canario de Servicios Sociales. Los acuerdos adoptados en esta mesa se incluirán en el II Plan de Inclusión Social.
Salud y Seguridad. Los acuerdos en esta materia fueron firmados el año pasado dentro de la Estrategia Canaria de Salud y Seguridad en el trabajo.