La Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias (Fesp-UGT Canarias) hizo llegar ayer sus demandas a la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) sobre las condiciones de trabajo que deberían tener los profesionales del transporte sanitario, tanto urgente como no urgente, en las Islas.

Su secretario general, Francisco Bautista, aseguró que actualmente existe "una falta de dotación" que afecta tanto al número de efectivos como al estado de las ambulancias medicalizadas y transporte no urgente. Esto ha causado que, en los últimos años, especialmente el último, el servicio se haya visto mermado hasta el punto de afectar a muchos pacientes.

Pérdidas de citas programadas o de rehabilitación y tener que recurrir a métodos de pago para el transporte hacia los centros médicos han sido algunas de las consecuencias de unas condiciones inadecuadas en la Mesa de Transporte Sanitario.

En esta reunión, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, aseguró que entiende la diversa problemática del sector y se comprometió a dar solución en el marco legal a cada una de las reivindicaciones. Asimismo, explicó que, como ocurre con toda licitación pública, se abrirá un período donde cualquier interesado podrá realizar propuestas. Por último, Domínguez hizo constar que dicho pliego de licitación está próximo a su publicación para que su adjudicación se realice en el tercer trimestre del año 2018.

"Con el nuevo concurso, que va a estar dotado de 10 millones de euros, pedimos que se mejoren las condiciones de trabajo y la dotación de ambulancias", argumentó Bautista, que insistió en que la Administración adopte su papel como fiscalizador de la actividad que lleve a cabo la empresa elegida. En este encuentro, en el que también estuvo presente el responsable sectorial de las Ambulancias por UGT en la provincia de Las Palmas, José Iván Amador, el sindicato trasladó al responsable del SCS la importancia de que las empresas adjudicatarias se rijan por el Convenio Regional del sector, que se encuentra en proceso negociador. "El convenio colectivo lleva dos años parado porque la patronal no acepta las condiciones", explicó Bautista.

Con ello se pretende acabar con la disparidad que existe en un mismo territorio y con "las diferentes formas de coacción que las empresas utilizan para negociar por debajo del mismo".

El sindicato recordó también que los empleados han sufrido, desde 2013, la congelación de sus salarios, por lo que la licitación debe contar, necesariamente, con una partida presupuestaria que garantice la actualización de los salarios, correspondiente al año que tenga prevista que se dé la adjudicación, más lo que la Administración tenga previsto para el sector público en ese año.

El sindicato insistió en que, para cambiar la situación de la profesión en Canarias, se requiere, entre las demás reivindicaciones, el reconocimiento de la categoría profesional del técnico de emergencias sanitarias, que no "exista" la contratación parcial y de personal en prácticas y que se contemple una formación constante del personal.

Todo confluye en un proyecto redactado por UGT que busca la "dignificación" del servicio y del personal que lo presta, donde se abarcan y abordan cada una de estas propuestas.