Un empresario dedicado a los supermercados y un asesor están acusados por la Fiscalía y la acusación particular de un delito continuado de estafa, pues se les responsabiliza de emitir 12 pagarés sin fondos por 73.125 euros a favor de una sociedad que vende papas. El Ministerio Público y la acusación particular solicitan el desembolso de esta cantidad y tres años de cárcel para cada uno de los procesados, mientras que las defensas piden la libre absolución.

Desde 2009, el perjudicado compraba papas importadas desde Inglaterra a bajo costo y las vendía a unos supermercados ya desaparecidos (Puchita) con naves en varias zonas de la Isla.

A partir de 2010, cuando comenzó a arreciar la crisis, los responsables de dichas tiendas solicitaron envíos de hasta 26.000 kilos, de los cuales 24.000 fueron pagados religiosamente. Pero, según la Fiscalía, de lo que se trataba era de "dar una apariencia de solvencia que ya no era real". Y es que "a sabiendas de las malas perspectivas de negocio, efectuaron nuevas adquisiciones comprometiéndose entonces a pagarlas mediante pagarés, que no pensaban atender a su vencimiento". En total, por este sistema llegaron a sumar 73.125 euros con 12 documentos emitidos entre agosto de 2010 y finales de ese año. A esas alturas ya habían cerrado varios establecimientos, entre ellos el de Los Rodeos, precintado por la Gerencia de Urbanismo de La Laguna.

La defensa del empresario intentó demostrar que este no tenía relación con las ventas de papas y que toda la responsabilidad recaía en el otro acusado. El abogado de este último dio a conocer una serie de correos electrónicos donde se demostraría que ambos continuaron trabajando juntos en el negocio. El empresario indicó que el otro acusado se presentó como asesor para ayudarles a superar la crisis que atravesaban. "Nos dio a conocer un proyecto para conseguir liquidez que pasaba por negociar la deuda con los bancos y desprendernos del gran stock de electrodomésticos que teníamos por casi 700.000 euros vendiéndolo a bajo precios".

Pero el plan no resultó como se esperaba, empezaron a surgir discrepancias y por lo tanto este acusado decidió traspasar la totalidad de las acciones de una de sus compañías a S. R. N. "Ante el descontrol que veíamos le dijimos que se quedara con toda la mercancía y que la vendiera como fuera para ver si así podíamos sacar algo de dinero". Dijo que la documentación desapareció cuando se quemaron las naves que tenían las empresas y que su colaboración posterior no tenía otro objetivo que conseguir algún beneficio económico.

El asesor declaró que fueron los empresarios quienes se pusieron en contacto con él y que nunca compró ninguna sociedad, sino que se decidió a crear una para conseguir un crédito. Según indicó, el empresario daba las órdenes y su papel apenas correspondía al de un testaferro.