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La causa judicial de la piscifactoría se centra en los técnicos insulares

No hay políticos investigados y el Cabildo tan solo aparece como responsable civil subsidiario de posibles delitos contra la salud pública por la gestión del centro de Aguamansa.
R. Sánchez/ M. Grillo, La Orotava
7/feb/18 6:24 AM
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La causa judicial de la piscifactoría se centra en los técnicos insulares

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha citado a declarar hoy a otros dos técnicos del Cabildo en el procedimiento 622/17, en fase de diligencias previas, por posibles delitos contra la salud pública cometidos en la piscifactoría de Aguamansa, clausurada tras una inspección de Sanidad en septiembre de 2017. El proceso judicial se ha centrado en los técnicos insulares vinculados con esta instalación del Cabildo de Tenerife. De momento, no hay políticos investigados y la Administración insular solo aparece como posible responsable civil subsidiaria.

En el último auto aparecen como investigados los tres trabajadores del área insular de Medio Ambiente del Cabildo que, desde un primer momento, se consideraron implicados en la gestión directa de la piscifactoría. Se trata del técnico responsable de la explotación, del capataz encargado del cuidado y la manutención de las truchas y del jefe de la explotación. Ahora se suman, también como investigados, la funcionara encargada de la administración de la piscifactoría y un ayudante técnico.

Las citaciones de estos dos técnicos tienen su origen en las declaraciones de los tres primeros trabajadores insulares, del 29 de noviembre de 2017, de las que el juez concluye que "sitúan a las dos personas referidas en conexión directa con la gestión de la piscifactoría, y por ende, entran en la esfera de eventuales participantes de los comportamientos delictivos investigados, al menos, en este momento procesal, sin perjuicio de que, con sus declaraciones, o con el resto de pruebas pendientes de recibir en el procedimiento, dicha cualidad pueda desaparecer, modificarse o consolidarse".

El auto señala que "de las manifestaciones de los investigados, se ha podido constatar que, dentro de la actuación de la piscifactoría, también intervenían y eran partícipes en la toma de decisiones o en el cumplimiento de las mismas, en términos indiciarios y presuntivos, la funcionaria encargada de la administración de la piscifactoría y un ayudante técnico".

El auto judicial remarca que estas diligencias previas investigan "determinadas actuaciones realizadas por la piscifactoría de Aguamansa que podrían constituir, de acreditarse, una serie de delitos contra la salud pública. En concreto, y sin perjuicio de una ulterior variación, podían suponer delitos de los previstos y tipificados en los artículos 363, 365 y 367 del Código Penal".

En este proceso ya se citó en calidad de testigos a los agentes del Seprona que incoaron el primer atestado, el 23 de septiembre de 2017; al inspector de Sanidad que ordenó la clausura de las instalaciones; a un responsable de Emmasa, y al jefe de servicio de Fauna del Cabildo.

Además, el juez envió un oficio al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para que respondiera si la piscifactoría tenía autorización administrativa para verter aguas; si ha habido alguna inspección; si tenía conocimiento de algún tratamiento para hacerlas aptas al consumo humano, o si ha detectado alguna irregularidad en las analíticas que se realizan a las aguas del Canal del Norte, y en caso de ser positivas, si tenían datos de contaminación de heces de peces o medicamentos de uso veterinario.

El Juzgado villero también solicitó al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los resultados de las muestras tomadas por la Guardia Civil, y al Cabildo insular, toda la documentación de la piscifactoría.

A la empresa Skretting España, el juzgado le reclamó datos sobre la venta de piensos medicamentosos al Servicio Técnico Forestal del Cabildo, y a la Dirección General de Justicia, que nombrara un perito especializado para determinar la cantidad de pienso suministrada a las truchas, el grado de toxicidad y su posible perjuicio para la salud de los consumidores.

Un proceso que se inició en octubre de 2017

El 18 de octubre de 2017 se hizo público el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava que citó a declarar en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife (que posteriormente dejó de aparecer como entidad investigada) y a tres técnicos insulares, debido al cierre de la piscifactoría de Aguamansa y tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). En este caso se han personado como acusación popular los partidos políticos Podemos y el Partido Popular, a través de algunos de sus consejeros en el Cabildo insular.

La administración y la responsabilidad penal

A mediados de noviembre de 2017, el juez que lleva el caso de la piscifactoría de Aguamansa estimó el recurso presentado por el Cabildo de Tenerife al considerar que la administración pública, como institución, no podía ser responsable penal. En la actualidad está en el caso como posible responsable civil subsidiario.