Tres consejeras, cinco años de tramitación y al menos diez borradores. La nueva Ley de Servicios de Sociales -sustituirá a la actual, que en abril cumplirá 31 años- ha recorrido un camino muy largo hasta llegar al Parlamento. Todavía queda el último sprint: todos los grupos anunciaron ayer que presentarán enmiendas para mejorar la normativa que convertirá los servicios sociales en derechos.
Los diputados de todas las formaciones abordaron ayer, en un primer debate en el Parlamento, uno de los textos legislativos que -coincidieron- más puede influir en la vida de los ciudadanos en los próximos años. La Ley de Servicios Sociales vigente, aprobada en 1986, permitió desarrollar un sistema asistencialista. El nuevo proyecto legislativo aboga por un cambio radical en la concepción de los servicios sociales: que las prestaciones dejen de ser actos de caridad y se conviertan en derechos que los ciudadanos, y en caso de incumplimiento por parte de la administración, puedan reclamar ante la Justicia.
Las diputadas Josefa Luzardo, del Grupo Popular, y Noemí Santana, de Podemos, protagonizaron las intervenciones más duras y anunciaron que intentarán que se acepten muchas modificaciones durante el trámite que se inicia ahora. Ambas coincidieron en que esta no es la ley que se merecen los ciudadanos del Archipiélago. "Sin dinero, esta ley es papel mojado", sentenció Santana.
Luis Campos, de Nueva Canarias, admitió que la ley no contentará al 100% a ningún colectivo, pero valoró el nivel de participación y auguró un cambio sustancial para los ciudadanos, "siempre que haya voluntad política".
El texto normativo prevé incorporar novedades, como la creación de "la historia social única" o el "Observatorio de los Servicios Sociales", herramientas que se han diseñado con la intención de simplificar los trámites del usuario y de auditar la calidad de los servicios que se presente.
El mayor de los avances -la creación, por primera vez, de un catálogo de prestaciones y un mapa de servicios- permitirá incorporar nuevas terapias o tratamientos y adaptar categorías profesionales que hasta ahora están fuera de la ley, además de actualizar el precio que el Gobierno abona por ellos, muy por debajo del coste real. Además, abre la puerta al concierto social, es decir, a que las entidades del tercer sector, que prestan los servicios, accedan a financiación plurianual que les dé estabilidad.
Todos estos avances fueron enumerados por la consejera del área, Cristina Valido, ayer por la tarde en el hemiciclo, pero no evitaron un número importante de críticas. Los 19 reglamentos que incorpora -y que tendrán que desarrollarse posteriormente- han levantado suspicacias entre muchos de los parlamentarios, que temen que no lleguen a materializarse.
La falta de financiación fue, probablemente, la queja que más se repitió. Luzardo exigió que se destine el 10% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma a financiar la ley durante los próximos tres años, fecha a partir de la que se revisará anualmente el incremento necesario.
La diputada socialista María Teresa Cruz Oval recordó el "impulso" dado a la ley por su partido, cuando estaba en el Gobierno, y anunció enmiendas porque son conscientes de que "todo es mejorable". Criticó que, a su juicio, el Gobierno no haya dado "prioridad" a esta norma y sí a la Ley del Suelo, crítica que también compartió Santana.
Elena Luis (CC) calificó de "proyecto de nueva generación" el proyecto de ley, pero adelantó que su grupo también considera que hay "cuestiones que mejorar", como reforzar la función fiscalizadora de los conciertos y establecer un régimen sancionador.
Melodie Mendoza, de ASG, reconoció que "no es una ley milagrosa", pero que espera que sirva para que los ciudadanos de las islas periféricas logren tener los mismos derechos que los de las capitalinas.
NC pide incorporar la renta básica a la norma
El diputado Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias (NC), defendió ayer que la Ley de Servicios Sociales incorpore la Renta Básica Universal que su grupo defiende. Puso como ejemplo País Vasco, que en 2008 aprobó esta renta, justo antes de que comenzara la crisis. Insistió en que muchos ciudadanos necesitan esta prestación, desde aquellos que no tienen ingresos de ningún tipo hasta trabajadores "pobres" que requieren de un complemento para completar su salario y vivir con dignidad.
El PP aboga por alargar el plazo de la PCI
La diputada popular Josefa Luzardo también habló de las ayudas para las personas que no tienen recursos, pero en su caso apostó por modificar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma temporal, hasta que Canarias mejore los datos de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que según los últimos informes se sitúa alrededor del 44%. La prestación tiene un periodo máximo de duración de dos años y solo se puede solicitar una vez en la vida. De hecho, la reforma de la PCI ha sido una de las peticiones de los miembros que han compuesto las mesas de concertación social auspiciadas por el Ejecutivo regional.