Ecuador llamó hoy consultas a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), José Valencia, ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de pedir medidas provisionales por el posible perjuicio que causaría una pregunta del referendo votado el domingo pasado en ese país.
"La convocatoria urgente (del embajador) se produce ante el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales" (de la CIDH), dice un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ecuador.
Se refiere a la petición que el martes hizo la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS), a los que considera afectados por el resultado de la consulta popular del domingo, que fue respaldada por los votantes.
En la pregunta 3 -de las siete de la consulta-, el Gobierno de Lenín Moreno propuso una reestructuración del CPCCS (organismo de control de la gestión pública) que implica la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.
La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunció que integrará una misión a la sede de la CorteIDH para defender la posición de su país y evitar una eventual fallo del tribunal contrario a los intereses de Ecuador.
La canciller estará acompañada por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el procurador (abogado del Estado) en funciones, Rafael Parreño; la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez; y el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), José Serrano.
En San José "seremos recibidos por el presidente de la Corte" (el mexicano José Eduardo Ferrer Mac-Gregor), al que se entregará un documento de argumentación jurídica preparada por la Procuraduría del Estado, señaló Espinosa y aclaró que no se trata de la audiencia del tribunal para tratar el caso del CPCCS.
La reestructuración de ese organismo -considerado por la oposición ecuatoriana uno de los símbolos del anterior gobierno de Rafael Correa- era una de las cuestiones más políticas de la consulta, y obtuvo el apoyo de un 63,15 % de la ciudadanía, la más baja entre las siete preguntas planteadas.
El requerimiento a esa instancia internacional comenzó a finales de diciembre, tras la denuncia presentada por el vicepresidente de ese órgano, Edwin Jarrín, y dos consejeras que consideraron la pregunta inconstitucional.
Poco antes, también el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, en representación del anterior jefe del Estado, Correa, había denunciado ante la OEA lo que consideró una "alteración del orden constitucional", tanto en la forma en que fue convocada la consulta y referendo popular, como en algunas de las preguntas planteadas.
Una posición que fue la bandera del correísmo (por Correa) en su campaña por el No, y que encabezó en persona el anterior jefe del Estado ecuatoriano, ahora de regreso en Bélgica, donde reside desde julio.
La primera en reaccionar a esas denuncias fue la misión de observación de la OEA en el proceso electoral, que el lunes presentó un informe preliminar que sugería a la Corte Constitucional ecuatoriana emitir, incluso a posteriori, un pronunciamiento sobre la legalidad de las preguntas formuladas.
El aval de esa corte había sido eludido por Moreno al convocar a consulta por decreto, tras considerar que el organismo dilataba premeditadamente la autorización y violaba de forma exagerada el plazo de 20 días que le correspondía por ley.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, ha advertido en relación a la pregunta sobre el CPCCS que, "de implementarse el resultado del referendo, se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir".
Entre los riesgos que enumeró la Comisión, figura que el Estado ecuatoriano podría incurrir en la vulneración de "los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos" y recordó que la consulta "no contó con control constitucional previo".
Las críticas han indignado al Gobierno de Lenín Moreno, quien ha insistido en la legalidad de la consulta apelando a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía expresada en las urnas.
Moreno aseguró hoy que ha trasladado al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que su Gobierno hará "respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas en un proceso democrático y fielmente apegado" a la Constitución.
Y convocó por la tarde a los poderes del Estado a una reunión de urgencia en Quito para analizar los últimos acontecimientos.
Almagro confirmó en su cuenta de Twitter la conversación con Moreno, a quien felicitó por "el compromiso democrático" de los ecuatorianos, pero también recordó que "los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos".