Policías nacionales de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna detuvieron a siete personas, sin antecedentes y de entre 22 y 53 años, como presuntos autores de trata de personas y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Usaban cartas de invitación para facilitar la entrada legal de las mujeres en España, pero el objetivo era que ejercieran la prostitución. Seis víctimas fueron liberadas.
La investigación comenzó en octubre. Los agentes fueron informados de que un ciudadano español, de origen colombiano, se dedicaba a traer mujeres colombianas para explotarlas sexualmente.
Tras las primeras pesquisas se identificó a un grupo con vínculos familiares y se comprobó que las afectadas eran explotadas sexualmente. A varias de ellas se las identificó en pisos en el Puerto de la Cruz.
Los policías realizaron la entrada y registro en una vivienda de La Cuesta (La Laguna), donde fueron localizadas seis víctimas de trata en diferentes plantas.
Las mujeres, de entre 18 y 23 años, eran sometidas a un control permanente con cámaras de videovigilancia, así como a través de los móviles que la organización les facilitaba. Hasta tal punto era así, según los investigadores, que las afectadas pedían permiso a sus tratantes para realizar cualquier gestión fuera de la casa a través de dichos teléfonos y sus captores debían dar el consentimiento. Su salida quedaba grabada por las cámaras intervenidas.
Los agentes activaron el protocolo de víctimas de trata para realojar a las jóvenes. Dos días después de la entrada y registro, en el aeropuerto de Los Rodeos se detuvo al cabecilla de la trama. Tenía intención de viajar a Colombia con su pareja, que también fue apresada. Entre los efectos intervenidos a dicho hombre, los funcionarios hallaron 4.000 euros en efectivo en divisa europea y colombiana; ocho terminales móviles, varios relojes, un ordenador portátil, una cámara fotográfica y diversos dispositivos de almacenamiento digital.
Igualmente se procedió a la detención de todos aquellos colaboradores de la organización criminal que actuaron como mediadores para formalizar las cartas de invitación con las que se trajo a las mujeres a España, por lo que el grupo quedó totalmente desmantelado.
La investigación fue llevada a cabo por integrantes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Santa Cruz de Tenerife, junto al grupo de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de La Laguna.
Estos agentes de paisano estuvieron apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Santa Cruz de Tenerife.