La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, informó hoy de que se han realizado 40 inspecciones a centros de mayores de las que han resultado cuatro expedientes sancionadores, y admitió que la falta de inspectores -cuatro para todas las islas- "es grave, tremenda".
Cristina Valido se pronunció de esta manera en una comisión parlamentaria en la que informó sobre la sobre inspección de centros de mayores a petición del grupo Socialista, cuya diputada Teresa Cruz dijo que si existiera un servicio de inspección adecuado no habría un "altísimo" número de residencias irregulares.
Teresa Cruz afirmó que esta situación tiene que avergonzar al Gobierno canario y criticó el que "aquí falta tropa y sobran jefes", pues según sus datos hay siete jefaturas para sólo dos inspectores, que suponen 685.000 euros, mientras que otras comunidades "con menos dinero multiplican por veinte las inspecciones".
"Es triste que ante la desesperación de usuarios y familiares tengan que buscar amparo ante el Diputado del Común", aseveró.
La consejera respondió a la diputada socialista que no son ciertos sus datos de que hay siete jefes en inspección y recordó a los parlamentarios que cuando han aprobado leyes de crédito extraordinario se han aprobado partidas para asuntos sociales "de mayor presión", y no para este tipo de servicios.
Señaló que ante la falta de personal inspector se ha abordado una estrategia global en la que la Consejería se coordina con la Dirección General de Trabajo, la policía autonómica y la Fiscalía para actuar ante denuncias de posibles irregularidades en centros.
El resultado es satisfactorio, añadió la consejera, quien dijo que además se trabaja con cabildos y ayuntamientos cuando hay necesidad de realojar a usuarios de centros en los que la inspección ha detectado que la situación es insostenible "todo de la manita de la Fiscalía".
También acompaña esta labor personal del Servicio Canario de la Salud para establecer las condiciones sanitarias e higiénicas de los usuarios de centros.
En total en Canarias hay 180 centros de mayores, se han realizado 40 inspecciones y como resultado de éstas en algunos casos ha habido que subsanar elementos que no comportan riesgo para la seguridad y la salud de los residentes.
Por incumplimientos graves se han abierto tres expedientes sancionadores en Tenerife y uno en Gran Canaria, y la consejera explicó que en este último caso eran dos pero una de las residencias afectadas ha acordado cerrar voluntariamente.
El diputado Luis Campos, de Nueva Canarias, reprochó el déficit de inspectores en cualquier ámbito, un asunto en el que Canarias tiene "un serio problema", y aconsejó a Valido que plantee este asunto en el Consejo de Gobierno.
Por Podemos Noemí Santana mostró su preocupación por las residencias "pirata", una situación "completamente inadmisible" ante la que hay que buscar medidas y soluciones, aunque consideró que por parte del Gobierno regional ve la voluntad de cambiar las cosas.
Lorena Hernández, del grupo Popular, señaló que en este ámbito han saltado "todas las alarmas" y expresó su preocupación por el hecho de que la Consejería "actúa casi a golpe de teléfono por denuncia de usuarios o familias".
La diputada del grupo Nacionalista Canario Elena Luis consideró que es preciso modificar la normativa estatal para la consideración delictiva de los centros irregulares de mayores y opinó que en las islas se está haciendo un esfuerzo importante para aumentar la acción inspectora en centros.
Por el grupo Mixto Jesús Ramos apuntó que a pesar de incrementar las inspecciones aún no es suficiente y consideró que es "vital" un mayor control por parte de las administraciones públicas, además de un seguimiento que debe ser periódico para prestar un servicio "leal y diligente" para los mayores en unos centros que en ocasiones, añadió, se aprovechan de que son la única alternativa para las familias.