El vicepresidente tercero de la Corporación insular, José Antonio Valbuena, confirmó, en declaraciones a EL DÍA, que la piscifactoría de Aguamansa (La Orotava), cerrada desde el pasado mes de septiembre tras una inspección de Salud Pública, se convertirá en un "gran centro ambiental", donde además se contempla la creación de un centro de tratamiento de peces, aunque se descarta mantener la antigua venta de truchas o cualquier otra especie de agua dulce.
Valbuena explicó que "desde finales de 2017 encargarnos un anteproyecto para todo el complejo, donde se abordaba el problema de la propia piscifactoría. Ese concurso saldrá este año". Y aclaró que el centro "sí está abierto, lo que no está operativa es la propia piscifactoría, ya que los cubículos están vacíos".
El también consejero insular de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad manifestó que en este nuevo proyecto "tenemos muy claro que la piscifactoría es algo que está muy ligado al núcleo de Aguamansa, y tiene un contenido ambiental. Queremos hacer un gran centro ambiental, desde el punto de vista educativo, donde la piscifactoría juegue su papel. Evidentemente, será algo mucho más reducido de lo que había y con todas las garantías desde el punto de vista técnico".
Valbuena dijo que "habrá un espacio dentro del complejo para una piscifactoría, que es el compromiso que tenemos con el Ayuntamiento de La Orotava, evidentemente con todos los requisitos técnicos habidos y por haber. Más que una piscifactoría será un centro de tratamiento de peces. No se van a vender truchas y no tendremos el volumen de peces que había con anterioridad. Será un complejo medioambiental donde la parte acuática estará presente y estará abierta al público en general y a los escolares de la Isla", comentó
Respecto al proceso judicial abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de La Orotava por el caso de la piscifactoría de Aguamansa, Valbuena confesó "estar tranquilo porque los propios trabajadores del Cabildo de Tenerife me transmiten tranquilidad. Es una instalación que llevaba casi cuarenta años funcionando, puede haber algún tipo de error administrativo, que no se niega, pero entendemos que en ningún momento se ha puesto en riesgo la salud del ciudadano".
Valbuena añadió que "no hay elementos que lleven a pensar que durante cuarenta años existiera riesgo para la salud, en ese caso se hubiese detectado con mucha antelación. Ahora mismo esto está en una fase judicial de diligencias previas. Las personas que han ido a declarar lo han hecho en calidad de investigados para poder ir con su asesoramiento jurídico y ahora solo toca seguir esperando".
Insistió en que desde el Cabildo de Tenerife se prestará la máxima colaboración: "Hemos dado toda la información que se nos ha pedido. No hemos jugado al despiste ni con la Guardia civil ni con la Administración de Justicia. Hemos actuado con total transparencia, abriendo todos los armarios y con plena disposición para que esto se clarifique lo antes posible".
"Si me llaman a declarar como responsable, pues tendré que ir. A la Justicia no hay que tenerle miedo; se le respeta y cuando te pide colaboración se va a colaborar", señaló el vicepresidente de la Corporación tinerfeña.
En el último auto de las diligencias previas abiertas por la piscifactoría aparecen como investigados los tres trabajadores del área insular de Medio Ambiente del Cabildo que, desde un primer momento, se consideraron implicados en la gestión directa de la instalación. Se trata del técnico responsable de la explotación, del capataz encargado del cuidado y la manutención de las truchas y del jefe de la explotación. Ahora se suman, también como investigados, la funcionaria encargada de la administración de la piscifactoría y un ayudante técnico.
A mediados de noviembre de 2017, el juez que lleva el caso de la piscifactoría de Aguamansa estimó el recurso presentado por el Cabildo de Tenerife al considerar que la administración pública, como institución, no podía ser responsable penal. En la actualidad, el Cabildo solo aparece en el caso como posible responsable civil subsidiario.