Un total de veinte personas fueron detenidas recientemente por la Policía Nacional en una operación desarrollada en Málaga contra el fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, en la que se desarticuló una empresa dedicada a la venta de contratos para percibir prestaciones o subsidios por desempleo.
Entre los acusados se encuentran los dos cabecillas de la trama, un matrimonio que había creado una sociedad en Málaga supuestamente dedicada a la promoción inmobiliaria y a la construcción y que ha generado una deuda de 356.931,58 euros con la Seguridad Social.
En el marco de esta operación, que continúa abierta, también se inició el procedimiento de anulación de las autorizaciones de residencia que los ciudadanos extranjeros habían obtenido con el uso fraudulento de estos contratos ficticios, según la información ofrecida ayer por la Policía en un comunicado.
La mencionada empresa fue formada por un matrimonio cuyos cónyuges tenían antecedentes por fraude, falsedad y delito contra la hacienda pública con la supuesta finalidad de procurar contratos fraudulentos a supuestos trabajadores.
El objetivo era que los trabajadores pudieran acumular días de cotización que les permitieran el cobro de subvenciones y prestaciones por desempleo, así como la obtención de cotizaciones para jubilación y otras ayudas, según los datos que recabaron los funcionarios policiales.
Los investigadores comprobaron que al frente de la empresa formalmente solo constaba la esposa, si bien durante las pesquisas pudieron acreditar que "el verdadero cerebro de la trama era el marido". Además, averiguaron que los supuestos trabajadores eran familiares del matrimonio y amigos de su entorno, todos ellos residentes en la provincia de Málaga, y algunos de ellos con antecedentes policiales por robo y tráfico de estupefacientes.
La operación ha permitido, hasta el momento, además de las detenciones y el desmantelamiento de la empresa, el afloramiento de 4.119 días de cotización "irreales" a la Seguridad Social, que ha generado una deuda de 209.849,24 euros.
A ello se suma el importe cobrado de forma fraudulenta a la administración en forma de subvenciones y prestaciones, que asciende a 147.082,34 euros, por lo que el fraude se eleva a 356.931,58 euros.