Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno canario ha iniciado la cuenta atrás para modificar el decreto sobre el alquiler vacacional. A la conciliación de los intereses de empresarios hoteleros y propietarios de viviendas turísticas, de por sí complicada, se une otra dificultad: la atribución a esta actividad de la responsabilidad en la subida de los precios del alquiler. La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, cree "injusto" que solo se señale al sector como causante de este fenómeno, apunta a la falta de planificación de las administraciones y advierte: "Siempre hemos existido y siempre vamos a existir".

¿Qué espera Ascav del nuevo decreto de alquiler vacacional?

Que el Gobierno rectifique y no cometa el error de dejar en manos de los cabildos y de 88 ayuntamientos la regulación del alquiler vacacional. Ya es difícil que un gobierno de una comunidad autónoma regule, así que imagine qué pasará si la pelota cae en el tejado de esas administraciones. Los ayuntamientos están ejerciendo potestades que, con el decreto actual, no tienen, excluyendo incluso el alquiler vacacional en el suelo residencial, el único que está permitido.

Pero eso será recurrible.

Estamos hablando con cada ayuntamiento para que rectifiquen, pero ese caso se está dando ya. Es más, hay ayuntamientos que han cambiado de color político, como el de Granadilla, en los que no había ningún problema para que la vivienda vacacional se acogiera al suelo residencial y ahora no se está permitiendo.

Da la sensación de que el decreto dejará en manos de los ayuntamientos la determinación de cupos para el alquiler.

Arbitrariamente, cada ayuntamiento decidirá dónde cabe la vivienda vacacional y dónde no. La materia turística es competencia del Gobierno canario y no puede delegar. Tras casi tres años de decreto en vigor en los que se ha prometido una modificación, no se atreve a dar un paso al frente. Podríamos haber sido la comunidad referente en la regulación del alquiler, pero ahora deja la pelota en el tejado de cabildos y ayuntamientos. Es muy peligroso.

¿Se puede producir una situación de desigualdad en función de los municipios?

Por supuesto. Dependerá de la voluntad de los municipios y también -no nos cabe la menor duda- de la presión que se ejerza sobre los ayuntamientos.

¿En municipios más turísticos, donde tienen más peso las empresas hoteleras, esa presión puede ser mayor?

Evidentemente. Incluso se está dando el caso de municipios que no tienen esa presencia turística, como son las medianías, de La Laguna hacia Teno, donde existe el producto fincas y arbitrariamente los alcaldes están decidiendo si cabe la vivienda vacacional o no. Son viviendas construidas, en su mayoría, mucho antes de que existieran los planes de ordenación, que tienen su agua, su luz, pagan IBI y tienen hasta la cédula de habitabilidad, y no se les permiten darse de alta como vivienda vacacional por estar en suelo rústico, con el agravio de que llevan decenas de años dedicándose al alquiler turístico, que en muchos casos es el único ingreso que perciben. Así se priva de una oportunidad a una nueva generación que puede tener una salida emprendiendo.

¿Supone un peligro, tal y como afirma la patronal hotelera, que no exista la obligación para las viviendas de entregar un registro de sus clientes?

No es cierto. Tenemos la obligación de pasar el registro policial hoy por hoy, con el decreto en mano, y se está haciendo. Pero solo se permite pasarlo a aquellas personas que ya han obtenido el número de inscripción en los respectivos cabildos, cuando, por ejemplo, en Tenerife hay una lista de espera de entre 12 y 18 meses. Defendemos que en el momento en que se entrega la declaración responsable en los cabildos ya se puede empezar a pasar el registro, y eso no lo están permitiendo la Guardia Civil ni la Policía. Siempre hemos dicho que caiga todo el peso de la ley sobre aquella persona que tenga una vivienda vacacional, pueda regularse e inscribirse y no quiera hacerlo. Los mayores perjudicados somos los propietarios que sí nos registramos, sí cumplimos la norma y sí pagamos nuestros impuestos.

¿Entiende Ascav que el Gobierno no haya retirado los recursos a las sentencias judiciales que anulan parte del decreto y al mismo tiempo esté tramitando una nueva normativa?

Se recurrió para ganar tiempo. Se nos prometió desde el minuto uno que se iba a modificar. Reconocieron que no era válido, que había que cambiar, y tres años más tarde hay que gastar dinero público para recurrir cuatro sentencias contundentes para ganar el suficiente tiempo para sacar una modificación de la normativa.

Ustedes suelen decir que quieren que les dejen pagar impuestos mediante un decreto que les permita regularizarse. ¿Hay algún cálculo de la cantidad que puede haber dejado de percibir Canarias en recaudación fiscal por el retraso de esta regularización?

Para Ascav, 2017 fue el año de la formación. Organizamos cursos de fiscalidad, porque una cosa es que la vivienda no pueda inscribirse en el Cabildo por encontrarse en un suelo prohibido y otra muy distinta es que no pague impuestos. Más de 700 asociados asistieron a estos cursos. Hay voluntad no solo de pagar los impuestos, sino de hacer las cosas bien.

Reformulo la pregunta: ¿cuánto paga el sector en impuestos?

Desde el minuto uno, cuando salió el decreto, pedimos un epígrafe, porque creemos fundamental que se pueda cuantificar el volumen de impuestos que generamos. La cuenta que sí es fácil de sacar es que el volumen de negocio, según el informe de la Consejería de Turismo de 2015, supera los 1.800 millones de euros. Si sacamos solamente el 7% de IGIC, son más de 120 millones anuales.

¿Ha aumentado el número de asociados a Ascav ante la expectativa de negocio de la actividad?

Ha crecido, pero no diría que el aumento venga ligado a nuevos propietarios, sino a los servicios que prestamos. Muchos se han dado cuenta de que, para hacer las cosas bien, necesitan una formación. Ascav ha desarrollado un certificado de calidad que no solo certifica la vivienda, sino también la gestión y el servicio al turista.

¿Cuál es el perfil del propietario de vivienda vacacional? ¿Predominan los particulares en busca de una renta complementaria o las empresas? La patronal hotelera ha hablado, incluso, de fondos buitre.

Luchamos por el pequeño propietario canario y residente que se dedica al alquiler vacacional, bien como renta complementaria o como único sustento. No trabajamos ni para las grandes plataformas ni para los fondos buitre ni para los bancos. Pero el decreto permitía edificios completos que se dedicaran al alquiler vacacional, siempre y cuando prestasen servicios turísticos -recepción, comida, animación-, es decir, pseudohoteles. Pusimos el grito en el cielo, pero no se nos escuchó y ahora fondos buitres e inversores extranjeros compran edificios enteros y montan pseudohoteles. El Gobierno lo ha fomentado al permitir acogerse a la RIC prestando servicios turísticos. Nuestro producto consiste en residentes particulares que alquilan directamente su vivienda a un turista. No es nuevo, existe en Canarias desde siempre y es lo que cualquier extranjero que entra en una página web espera obtener cuando lee "vivienda vacacional". Ya tenemos las primeras quejas de turistas que se encuentran que bajo la vivienda vacacional se están ofertando habitaciones de hotel y apartamentos turísticos. No excluimos a nadie, pero queremos una normativa que podamos cumplir. No somos competencia, sino una modalidad complementaria.

¿En qué se diferencia un cliente del alquiler vacacional de un cliente de un hotel?

En que lo que demanda es, precisamente, no estar en un complejo turístico. No quiere levantarse por la mañana, tener que ir a un bufet y compartirlo con 800 compatriotas, sino que busca la cercanía con el lugar, experiencias nuevas, el trato tú a tú?

¿Se puede medir el impacto socioeconómico de las viviendas vacacionales sobre su entorno?

Insisto en lo fundamental que es la vivienda vacacional en las medianías del norte de Tenerife, donde no hacen competencia a nadie y son un modelo turístico tradicional. Tenemos clientes que hace diez años que vienen siempre a la misma casa, a la misma finca, como la llaman, y que ahora se encuentran sin la seguridad jurídica de venir a un establecimiento reglado. ¿Cómo se le dice a una familia que lleva 20 años dedicándose al alquiler vacacional que ya no puede hacerlo? Estos clientes, además, no tienen ningún servicio adicional contratado: compran en los supermercados, van a bares, restaurantes? Gastan en su entorno.

Se suele acusar al alquiler vacacional de no crear empleo.

Nos encantaría poder demostrar que sí lo hacemos, pero es difícil al no tener epígrafe concreto donde poder certificarlo. Creamos muchísimo autoempleo. Para toda la gente que se ha quedado en la cuneta durante la crisis ha sido una oportunidad de poder seguir pagando su hipoteca. En cuanto a aquellas personas que tienen una segunda vivienda y que no tienen tiempo de ocuparse de la gestión y el servicio de esa vivienda vacacional, contratan a intermediadores turísticos, un sector que está creciendo y dando mucho trabajo a la gente de aquí. También el trabajo indirecto: lavanderías, tiendas de muebles, construcción, mantenimiento? Los propietarios somos los primeros interesados en que nuestra vivienda esté al cien por cien.

La gran controversia con el alquiler vacacional tiene que ver con su efecto en la subida del precio del alquiler de la vivienda. ¿Hasta qué punto es responsable?

Aunque los precios no han llegado a los valores precrisis, han subido, y por supuesto que también el alquiler vacacional tiene su parte de culpa. ¿Pero qué ha pasado todos estos años? Los salarios son cada vez más precarios. Cada vez más gente opta por el alquiler, porque no se tiene el sueldo y el capital para hacer frente a una compra, y también por la movilidad. Por otro lado, los fondos buitre y los bancos retienen la vivienda que tienen en "stock" porque les sale más rentable subir los precios o, a través de pseudoempresas, dedicarlas al alquiler vacacional para acogerse a la RIC. La responsabilidad de poner a disposición del residente vivienda a precios asequibles es del Gobierno a través de las viviendas públicas, y en los últimos diez años no se ha construido ni una. Tenemos experiencia de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, y ojo con esos mantras que se van repitiendo, como que la vivienda vacacional es la única culpable de que no hay vivienda o la encarece, que crea turismofobia y gentrificación. No es cierto y crea una animadversión hacia la actividad, hacia un mismo vecino que puede vivir en la casa de enfrente. La inacción durante estos tres años ha creado una brecha cada vez mayor, no solo entre el residente y el propietario de la vivienda vacacional, sino entre el colectivo de la vivienda vacacional y la patronal hotelera.

¿Hay riesgo de burbuja en el alquiler vacacional?

No creemos en una burbuja. Necesitamos una norma que defina lo que es la vivienda vacacional y la proteja como modalidad. A partir de ahí, es el libre mercado, la oferta y la demanda, el que regula automáticamente. Quedarán las viviendas de mejor calidad, mejores servicios y mejor gestión. El resto volverá al mercado de alquiler residencial o venta.

La Ley de las Islas Verdes se ha revisado para permitir el alquiler vacacional en todo su territorio. ¿Cómo ha evolucionado la situación desde entonces?

De forma fantástica. Pero hay islas, como La Gomera, donde se fomenta y ayuda al propietario para regularizarse, y otras, como La Palma, donde los ayuntamientos ponen muchas dificultades. De ahí el peligro de que 88 municipios, arbitrariamente, puedan decidir dónde quieren vivienda vacacional y dónde no.

¿Cuál es la isla más restrictiva?

Tenerife, sin lugar a dudas. Luego tenemos el ejemplo de Gran Canaria. Las Palmas ha sido distinguida como mejor ciudad para el alquiler vacacional de toda España. Sin haber gastado un solo euro de dinero público, toda la ciudad se ha renovado, sobre todo la zona de Las Canteras.

Pero, al mismo tiempo, Las Canteras es una de las zonas que más se pone como ejemplo de los efectos negativos del alquiler vacacional.

Las zonas más demandadas siempre han sido las más caras. Pero no hablemos solo de escasez de vivienda, hablemos del incremento de población. En Fuerteventura o Lanzarote la población ha crecido más de un 23% en los últimos años, sin vivienda nueva, sin planificación de vivienda social. Aunque no existiera el alquiler vacacional, no habría vivienda para tanta gente. Y se siguen construyendo hoteles que van a precisar mano de obra. ¿Dónde van a vivir esos trabajadores? No es justo que esa responsabilidad recaiga sobre los propietarios de viviendas. No se nos puede exigir que pongamos a disposición de los trabajadores de los hoteles nuestras viviendas a 300 o 400 euros, que es lo que pueden pagar, porque tenemos los segundos sueldos más bajos de toda España. ¿Alguien ha preguntado a los propietarios si con 400 euros de ingreso por alquiler pueden hacer frente a todos los gastos de la vivienda, incluyendo la hipoteca?

El sector pide estar presente en las mesas

Doris Borrego se muestra convencida de que "el único motivo" para que el sector del alquiler vacacional cuente con una regulación satisfactoria es que "solo ha habido un interviniente en las mesas a la hora de hablar de turismo": la patronal hotelera. La presidenta de Ascav asegura que el colectivo ha tendido la mano desde hace años a Ashotel, pero "si una parte no quiere sentarse a hablar, difícilmente se puede llegar a un entendimiento". Como contraste, Borrego se refiere a la situación en la provincia de Las Palmas, donde "se ha entendido desde el minuto uno que siempre hemos existido y siempre vamos a existir" y donde, a su juicio, los empresarios están dispuestos a "competir en un mercado libre". La falta de participación del alquiler vacacional en los foros se extiende, lamenta Borrego, a la discusión de la estrategia turística de Tenerife 2030. "No podemos dar nuestra opinión porque no se nos ha permitido participar".

No a la tasa, pero si la hay, que sea para todos

Algo que comparten la patronal hotelera y extrahotelera y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es su rechazo a una tasa turística en el Archipiélago, un asunto que parece haberse reactivado después de que Nueva Canarias, a la vista de una posición más receptiva por parte del PSOE, haya decidido retomar la iniciativa en el Parlamento autonómico. "Bastante estamos engrosando ya las arcas públicas como para que nos carguen con una tasa más", argumenta la presidenta del colectivo. Eso sí, Doris Borrego puntualiza que, en caso de aprobarse el gravamen, este debería ser "para todos". Con esta advertencia, se refiere a las "voces" que han sugerido que la tasa solo ha de ser aplicada a los propietarios de viviendas vacacionales.