El Gobierno otorgó un total de 26 indultos durante el año 2017, lo que supone la cifra más baja de la última década, y ninguno de ellos fue por delitos de corrupción, fiscales, contra la integridad física, violencia machista o contra la seguridad vial.
La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha dado cuenta de estos datos ante la Comisión de Justicia del Congreso y ha destacado que el Ejecutivo "ha continuado haciendo un uso prudente y cauteloso del indulto".
Según las cifras que ha ofrecido, durante el año pasado se recibió también el número más bajo de solicitudes de indulto registrado en la última década, 4.241, cuando en 2014, cuando se alcanzó el máximo, hubo un total de 7.464 peticiones.
En su anterior comparecencia del pasado mes de julio, la primera en el Congreso en cumplimiento de la última reforma del Código Penal, Roldán informó de que los datos del primer semestre del año, cuando se concedieron 20 indultos, y hoy los ha completado con los de la segunda mitad del año, cuando se otorgaron 6 más.
La subsecretaria ha destacado que estos 6 indultos se hicieron contando con el criterio positivo del órgano sentenciador y también con la opinión favorable de las víctimas concretas de los delitos (en el caso de dos de ellos no hubo perjudicado porque era de drogas).