Corrupción, transparencia, empleo público, despolitización de las instituciones... Rafael Jiménez Asensio ha estudiado prácticamente todos los aspectos de las administraciones públicas en su actividad como académico y consultor. Esta semana ha estado en las Islas abordando la importancia de la función directiva en un foro enmarcado en el proyecto Gobab, que, liderado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo canario, persigue extender el gobierno abierto en Canarias, Cabo Verde y Senegal.

¿Hasta dónde cree que debe llegar la transparencia en las administraciones públicas?

España tenía mucho retraso en todo lo que tiene que ver con la transparencia de las actividades públicas. Fue uno de los países europeos que más tardíamente aprobaron la ley. Se aprobó con algunas deficiencias, pero ha supuesto un paso adelante. Sin embargo, todavía queda mucho tramo por recorrer. La transparencia no es solo publicitar en las páginas web ni ejercer una actividad pública que sea conocida por los ciudadanos, sino que es una cultura, un valor, un principio, y hasta que consiga permear a todas las administraciones y todos los responsables y funcionarios, pasará mucho tiempo.

¿Conoce los pasos que ha dado Canarias en esta materia?

No he estudiado la ley, porque no he venido a hablar de transparencia, así que me gustaría no opinar sobre ella, pero intuyo que dispone de una autoridad de la transparencia que es de lo más independiente que hay en España.

¿Cómo han salido las administraciones públicas españolas de la crisis, si lo han hecho?

Todavía no hemos pasado página. Las administraciones públicas están saliendo poco a poco, porque todavía están sometidas a procesos de contención fiscal y presupuestaria muy fuertes. Hay que ajustar todavía el déficit público, y esto llevará un tiempo. Me gustaría creer que han aprendido algo de la crisis y que han extraído lecciones para el futuro.

¿Qué deben haber aprendido?

Sobre todo, a gastar correctamente los caudales públicos. Los recursos públicos son escasos y hay que llevar a cabo políticas de eficiencia, que suponen mirar por los buenos resultados y por un coste razonable. En definitiva, por una buena gestión.

¿Se habla mucho de transparencia y poco de eficiencia?

La transparencia es básicamente un instrumento para el control democrático que está al servicio de la integridad, que es un valor mucho más fuerte. Lo importante es que las administraciones públicas y, sobre todo, los servidores públicos sean personas con integridad contrastada, con honestidad, buen quehacer y respeto. Lo que nos muestra la transparencia es si todo esto se hace bien o mal. Hemos magnificado mucho la transparencia, debido a que partíamos de una base muy endeble, y hemos descuidado un poco la eficiencia, sobre todo durante los años de austeridad. No nos hemos fijado los estándares de eficiencia y de resultados que debe tener una administración. Para eso es muy importante una dirección pública profesional y no manchada por la política que lidere todos los procesos de cambio que tienen que afrontar en los próximos años de forma acelerada las administraciones, desde la digitalización, la robotización o el brutal envejecimiento de las plantillas. En diez años se va a ir todo el conocimiento del sector público y hay que renovarlo. Todo eso no se puede hacer sin estructuras profesionales y directivos que hagan gestión, no política.

¿Deberían despolitizarse algunos cargos de la administración?

La situación de España es deplorable, una anomalía total en el contexto de Europa y de las democracias avanzadas. En Portugal, desde 2011, todos los directores generales de la administración del Estado se reclutan a través de una comisión independiente que hace una criba de los perfiles profesionales necesarios. Aquí hemos acuñado la figura del alto cargo, que es muy hispánica, un político de confianza del partido que gobierna. Esto no existe con esa intensidad en ningún país europeo. En la alta función pública campa a sus anchas la política de libre designación. Cuando hay cambios de gobierno se producen terremotos y el conocimiento se va a la basura. Somos muy dados a abrir siempre una página en blanco al inicio de un mandato y nos olvidamos de todo lo que se ha hecho anteriormente. Las políticas públicas deben tener continuidad, sin perjuicio de que luego se corrijan y de que se impulsen unas u otras. Las comunidades autónomas tienen una penetración fortísima del "sistema expolio" o de designación política, que no la tiene ninguna democracia avanzada de nuestro entorno. Y así tenemos los resultados que tenemos.

¿Sería necesaria una formación específica para los altos funcionarios, como en Francia?

El modelo francés es muy atípico. Se ha llevado a muchos países y en todos ha fracasado. Solo funciona bien en Francia. Lo que es necesario es hacer reformas. Aprendamos de Portugal y de otros países, como Chile o Bélgica, que lo han hecho. España no, porque tiene una tradición clientelar muy fuerte y la política no quiere entender la ayuda que puede suponer disponer de buenos profesionales en la alta administración. Es un drama. Somos, sin duda, el país con mayor índice de politización de la alta administración de toda Europa.

Más allá de los altos funcionarios, ¿cómo es la formación que reciben los empleados públicos?

Es una de nuestras debilidades institucionales más fuertes. Hay que formar a los nuevos funcionarios en valores públicos, reforzar la idea de servicio al ciudadano… Todo esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay que formar a los empleados públicos para una administración que dentro de diez años no va a tener nada que ver con lo que es hoy en día. Es importante que quienes van a regenerar ese tejido funcionarial entren en una administración distinta. En eso se tiene que empeñar también el Gobierno canario.

¿Cuál es el papel de los sindicatos en la administración pública?

Tienen que reforzar su sentido de la institución. Siguen pensando que el patrón es el político, cuando es el ciudadano. Todavía queda este resabio del sindicalismo tradicional del sector público, que tiende, en definitiva, a mejorar las condiciones de los trabajadores, pero estos son empleados públicos y esa mejora no puede ser a costa de todo. El dinero público se tiene que gestionar de forma razonable y eficiente. Hay que preservar al empleado público y ponerlo al abrigo de la política, y eso lo da la estabilidad. Se puede mantener esa estabilidad, pero siendo conscientes de que es un privilegio.

¿Se han descuidado los controles para evitar la corrupción?

Hemos puesto muchos huevos en la cesta de la represión y establecido muchas normas sancionadoras, pero luego todas estas leyes se aplican poco. El sistema de controles en España no está muy perfeccionado, porque las autoridades de control normalmente están capturadas por la política. Los controles judiciales funcionan, pero son lentos y a veces no lo suficientemente eficientes. Hay que hacer un esfuerzo muy importante por prevenir, fomentar valores, trabajar en la línea de los códigos éticos. Somos un país al que le cuesta aprender. Hay una costra que a veces nos impide absorber lo que se hace en las democracias avanzadas. Pero hay que ser optimistas: poco a poco lo iremos consiguiendo a través de la transparencia, las políticas de integridad... una lluvia fina que va calando.