Un acusado del caso Catastro, J.J.R.D., dijo que una vez solicitó al exoficial de una notaría de La Laguna (M.A.S.) una factura tras pagar 500 euros por una gestión. Pero la respuesta que obtuvo fue una rotunda negativa porque, según aseguró, el dinero era para otra persona que no quería declarar los ingresos. Otro tanto ocurrió cuando aconsejó a una vecina que recurriera a los servicios de este acusado, tras desembolsar 300 euros y pedir factura. "La verdad es que después de todo lo que he visto estoy asustado", señaló para añadir que el oficial de la notaría fue despedido al poco tiempo, "porque tenía trapicheos con el Catastro".

M.J.M.N. dijo que no conocía al principal miembro de la trama, el funcionario J.D.D., pero sí a su sobrino, S.C.D.M., a quien acudió por recomendación de otras dos personas para resolver el cambio de titularidad de dos parcelas. Por correo electrónico le transmitieron que tenía que pagar 600 euros por adelantado si quería que los trámites se resolvieran con rapidez. Sobre el contenido de los correos en los que señalaba que le habían pedido "una barbaridad", él aseguró que se trataba de documentos, no de dinero.

G.V.T. es trabajador del Ayuntamiento de Vallehermoso, donde ejerce de electricista. Tenía un problema de este tipo y casualmente conoció en un bar a S.C.D.M., a quien presentaron como "buen gestor y una persona muy seria". A partir de aquí recomendó sus servicios a 50 vecinos, pero asegura que jamás cobró cantidad alguna. Lo más que hizo fue permitir que utilizaran su correo electrónico o hacer fotocopias de un DNI o de una escritura. "¿Cómo voy yo a hacer publicidad de este señor?", preguntó. La aparejadora S.M.G. señaló que se limitó a cumplir con el trabajo por el que fue contratada y que apenas envió alguna vez un email a los otros acusados cuando tenía necesidad de realizar trámites. Pero sostiene que el contenido de algunos correos enviados a horas intempestivas y a direcciones privadas, había sido modificado. Otro de los acusados, D.D.M.C., coincidió al igual que el resto de los procesados, en que S.C.D.M. nunca les garantizó que iba a agilizar los trámites. Dijo que una vez le pagó 400 euros por realizar uno de los encargos, pero que en otras ocasiones no cobró nada.