El nuevo decreto sobre el alquiler vacacional en Canarias dejará en manos de cabildos y ayuntamientos la potestad de regular, mediante sus instrumentos de ordenación, esta actividad en los territorios insulares y municipales. Esta atribución abarca la posibilidad de autorizar estas viviendas en zonas turísticas, de las que el decreto aún en vigor las excluye, lo que ha motivado varias sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Consejería de Turismo del Gobierno regional presentó ayer a las patronales del sector el borrador de la futura normativa que, según avanzó el titular del área, Isaac Castellano, mantiene como "posición de partida" que no se permita la implantación de viviendas vacacionales en suelo turístico, "a no ser que cabildos y ayuntamientos establezcan lo contrario a través de sus instrumentos de ordenación".

Turismo está sometiendo las "orientaciones generales" del próximo decreto a los sectores implicados para recabar "el mayor consenso posible" y "ser capaces de conciliar las necesidades de la población residente con el desarrollo de una industria turística sostenible y de calidad", indicó Castellano. El "principio" sobre el que se sustenta el proyecto es el de dotar a las administraciones municipales e insulares de las "herramientas" precisas para modular el alquiler turístico en sus territorios.

El consejero advirtió de que en esta actividad intervienen todas las administraciones, incluso la estatal, pues la Ley de Propiedad Horizontal tiene sus efectos sobre ella.

La exposición sobre las líneas maestras del decreto -que será eso, un decreto, y no una ley, aclaró Isaac Castellano- satisfizo a los representantes de las patronales. El presidente de la asociación hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, reconoció que les gusta "cómo suena" el borrador. "A ver si al final todos podemos tocar la partitura", confió Marichal, de nuevo en clave musical.

Los empresarios coinciden en que la realidad de las islas y municipios es "muy diferente", por lo que comparten que la regulación autonómica recoja una "situación de partida para que luego sean cabildos y ayuntamientos los que la "reordenen" en función de las demandas de sus vecinos.

En cuanto a la exclusión inicial de las viviendas vacacionales de las áreas turísticas, Marichal defendió que estas ya cuentan con "productos turísticos" -hoteles y apartamentos- y abogó por "proteger" a la población empleada en ellos y que quiere residir cerca de sus lugares de trabajo. "No queremos que se les eche", afirmó el dirigente empresarial.

Marichal recordó que el actual decreto continúa en vigor -el Gobierno ha recurrido las sentencias del TSJC- y subrayó que los hoteleros no rechazan el alquiler vacacional, pero sí exigen que se desarrolle de manera "ordenada".