El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha acusado hoy al PP de hacer "chantaje político" al demorar el nuevo convenio de carreteras con el Estado respaldado por las patronales de la construcción de las islas, que se han unido a él para exigir que firmen ya el documento.

Incluso la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, que fue años atrás consejera del Cabildo de Gran Canaria en las filas del PP, ha afirmado que lo único que justifica el retraso del convenio, que se llegó a decir que podría suscribirse antes de acabar 2017, son "razones políticas, y eso es lo grave del asunto".

Porque "no se puede estar jugando con el futuro de Canarias" y eso es lo que está haciendo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy al negarse a cerrar dicho acuerdo, ha argumentado María Salud Gil, que se ha reunido hoy junto al presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, para hablar del convenio con Rodríguez.

Una y otro han secundado las denuncias que ha hecho el también consejero de Obras Públicas del archipiélago, que ha acusado al Ejecutivo estatal del PP de aplazar el asunto con el fin de forzar a su partido, Coalición Canaria, a dar su voto para que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

"Ellos son los que están gobernando España y los que tienen que buscarse los votos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero los canarios no tenemos culpa de que no sean capaces de hacerlo", ha dicho al respecto el vicepresidente regional.

Quien ha rechazado el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Fomento sobre que el convenio de carreteras con las islas no se podrá suscribir hasta que haya nuevas cuentas estatales por motivos legales, asegurando que, "si están planteando esto como un condicionante, no es una cuestión política ni una cuestión presupuestaria, sino, en todo caso, un chantaje político".

Por ello, María Salud Gil ha subrayado que su organización y su homóloga de la provincia tinerfeña "critican con mucha dureza" la postura que está manteniendo el Ejecutivo del PP.

Ya que, según han sostenido tanto ella como Izquierdo y Rodríguez, pone en cuestión el futuro económico y social del archipiélago, porque paraliza, solo en este año, la puesta en marcha de obras por valor de casi 120 millones de euros, una inversión necesaria para reactivar la economía y generar empleo frente a los elevados niveles de paro que existen en las islas.

En consecuencia, los tres se han unido para exigir, "sin complejos", como ha destacado María Salud Gil, que el Ministerio de Fomento ponga ya fecha para firmar ese convenio, aplazado ya en diversas ocasiones.