Amnistía internacional (AI) presentó, en la mañana de ayer, su informe anual 2017-2018 tras examinar la situación de los Derechos Humanos en 159 países. La coordinadora de relaciones institucionales en Canarias, Amparo López Vergara, alertó sobre el retroceso existente en este aspecto en todo el mundo. "Se están implantando un discurso del odio y unas políticas represivas preocupantes", afirmó la activista.

Desde el estudio se señala a Egipto, China y Turquía como los estados en los que mayores encarcelamientos de periodistas se producen. "A pesar de las dificultades estamos ante una nueva era de activismo social en la que los Gobiernos deben abordar las injusticias y no silenciarlas", comentó López Vergara.

El informe también recoge datos a nivel nacional. Desde la asociación, aseguran que España tiene varias cuentas pendientes, sobre todo en materia migratoria, en el derecho de reunión pacífica, libertad de expresión, salud o vivienda. "La condena al rapero, los famosos títeres o exposiciones que se retiran, son algunos ejemplos de que no solo tenemos la Ley Mordaza, sino que la ciudadanía también está amordazada y no tiene libertad en lugares donde se presupone que debe tenerla, como en las redes sociales", admitió Begoña Familiar, representante de AI en Gran Canaria.

200.000 personas han sido sancionadas desde la puesta en vigor hace dos años de la Ley Mordaza. "Hemos recibido el apoyo del Diputado del Común y del Defensor del Pueblo de Madrid para revisar este texto legal", aseguró la coordinadora en Canarias.

Asimismo, desde la asociación se hace hincapié en el impacto de las medidas de austeridad adoptadas como consecuencia de la crisis económica, las cuales han dejando desamparadas a muchas personas. Según AI las cifras ascienden en los desalojos por impago de hipoteca (16.992) y de alquiler (43.459), además de disminuir el gasto público en vivienda un 19,21%. En este aspecto, Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma en número de desalojos con 1913 por alquiler y 1644 por hipotecas.

"Un año más, las políticas migratorias en nuestro país han sido un fracaso. El Gobierno se comprometió a traer a 17.337 personas refugiados y solo se han trasladado al 15% hasta diciembre de 2017, sumando 45 más en lo que va de año 2018", aseveró Familiar.

Amnistía Internacional señala, además, a Ceuta y Melilla como dos de los lugares donde mayores violaciones y abusos de Derechos Humanos hay contra migrantes y refugiados con numerosas "devoluciones en caliente", un procedimiento ilegal.

En este sentido, la sección de AI en Canarias impulsó la campaña, tanto a nivel autonómico como local, Yoacojo, además de elaborar un informe sobre movimientos mixtos de población con el apoyo de diferentes administraciones. Desde el ámbito civil (Universidad de La Laguna y Colegios de Abogados), también han recibido ayuda. Con ello, se organizaron las primeras jornadas sobre extranjería, asilo y Derechos Humanos, así como la puesta en marcha, junto a la Consejería de Educación, de un curso formativo en DDHH para los profesores del Archipiélago.