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La oposición urge a acelerar la reforma de la ley del transporte

PSOE, PP y Nueva Canarias dudan de que haya tiempo para aprobar la modificación en esta legislatura, pero el consejero recuerda que en 2014 se revisó en un plazo más corto.
M.G., S/C de Tenerife
23/feb/18 5:17 AM
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La oposición urge a acelerar la reforma de la ley del transporte

Buena parte de los grupos representados en el Parlamento de Canarias duda de que la modificación de la Ley del Transporte por Carretera salga adelante antes de que finalice la legislatura. PSOE, PP y Nueva Canarias advirtieron ayer al vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez -durante una comisión parlamentaria del área-, de la necesidad de ajustar el calendario de trabajo para acelerar la tramitación de una normativa dirigida a corregir las "lagunas" de la actual ley y a adaptar a la Comunidad Autónoma lo dispuesto en la legislación nacional y en las directivas europeas.

Al llegar al Gobierno tras la ruptura del pacto con el PSOE, Rodríguez decidió "echar el freno" a la reforma que había iniciado su predecesora, Ornella Chacón, para alcanzar "el máximo consenso posible" y limitar los efectos liberalizadores de la norma. En la búsqueda de acuerdos amplios coincidió la diputada socialista Patricia Hernández, quien, sin embargo, apremió al consejero: "O cambia el ritmo o no habrá ley". También Miguel Jorge, del PP, recomendó "traer el proyecto al Parlamento lo antes posible". "Por el camino que llevamos, no va a ser así", pronosticó. Finalmente, la diputada de NC Esther González -solicitante de la comparecencia- se unió a los malos augurios. "No va a llegar antes del final de la legislatura, y seguiremos con los graves problemas que crea la ley al sector y a los siete cabildos", dijo.

El consejero, sin embargo, recordó que en 2014 se aprobó una modificación de la ley en un tiempo inferior al que resta para que concluya la legislatura, defendió que los plazos de trabajo de la Mesa del Transporte Terrestre fueron acordados por unanimidad y confió en que las previsiones de sacar adelante los cambios en el actual periodo legislativo se cumplan. Rodríguez atribuyó a la "contestación" que han despertado varios de los aspectos del proyecto y a los "intereses contrapuestos" al respecto la decisión de tramitarla a través de un proceso más participativo. "No podemos traer una ley peor solo por las prisas".

Pablo Rodríguez puntualizó que su intención no es trasponer literalmente las directivas comunitarias, sino hacerlo "ponderando" la condición ultraperiférica e insular de Canarias. Respecto al VTC (alquiler de vehículos con conductor) alertó del riesgo de "liberalizar" la actividad y precisó que, al revisar la ley en 2014, el Gobierno ha fijado tasas de uno de estos vehículos por cada 30 taxis mientras que hay regiones cuya ratio es de uno por cada tres.

El viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, anunció ayer, en una reunión con representantes de los siete cabildos, que el Ejecutivo invertirá este año más de 10 millones de euros en la activación de un nuevo Plan de Mejora de la Seguridad Viaria. Esta iniciativa, dijo, permitirá ejecutar actuaciones en vías de interés regional o insular que no tienen cobertura en el convenio de carreteras, dando así respuesta a las instituciones insulares.

Cruz destacó, a través de un comunicado, que Canarias necesita, al ser una comunidad alejada del continente y con una orografía complicada, unas "infraestructuras óptimas" para una movilidad adecuada y en condiciones, que "garanticen los desplazamientos en términos de seguridad". En este sentido, señaló: "El Gobierno ha buscado la fórmula para dar cobertura a las vías que no tienen cabida en el convenio, porque es necesario colaborar con los cabildos para incrementar las condiciones de seguridad de sus carreteras".

El viceconsejero explicó que ahora es preciso que las instituciones insulares, que son las conocedoras de sus redes de carreteras, aporten un listado con la relación de obras que son necesarias. En este contexto, el viceconsejero añadió: "También será conveniente que cada uno de los cabildos aporten los proyectos de obras de que dispongan para que los técnicos de la Consejería puedan supervisarlos y ver qué trabajos pueden ser ejecutados este mismo año", añadió.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de este año contienen dos partidas innominadas que suman 10 millones de euros para mejorar la seguridad mediante actuaciones en infraestructuras viarias de interés regional o insular que no tienen cobertura en el convenio.