La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda quiere mantener la posibilidad del sorteo de vivienda pública, pero no de manera preferencial. La directora general del área, María del Pino León , y su equipo están trabajando en el cambio normativo con la idea de establecer un sistema "más justo" para la adjudicación de estos inmuebles. La intención es que la modificación entre en vigor este año.

La eliminación de este criterio fue anunciada en noviembre de 2015 por el anterior equipo de la Consejería, pero no se ha materializado aún. La responsable del departamento explica que hay que hacer modificaciones normativas y que la Consejería ha encargado un estudio pormenorizado de todos los modelos que existen en las diferentes autonomías, de manera que se pueda poner en marcha el "mejor sistema posible".

"El equipo actual quiere resolver la modificación del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, donde está el reglamento de adjudicación de vivienda social. Aquí se establece que el procedimiento preferente es el sorteo. Obedece a la subjetividad, pero no hay valoración subjetiva. Buscamos un procedimiento más justo".

Igual que los responsables anteriores al frente de la Consejería, la directora cree que un sistema de baremación, que afine las diferencias entre familias, respondería mejor a la situación de las familias. En Canarias hay alrededor de 10.000 familias esperando por una vivienda pública.

El Colegio de Trabajadores Sociales se pronunció a favor de la eliminación del "sorteo" en 2015, cuando se anunció el inicio del procedimiento para diseñar un sistema de baremación más justo.

El Decreto regula el actual régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública en las Islas. Además de exigir que el demandante no cuente con otra vivienda propia o no haya sido beneficiario en otro sorteo de este tipo, la normativa limita los ingresos en función de un indicador diseñado en 2004 para establecer la concesión de ayudas en todo el territorio nacional.

Se trata del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional como vara para medir la concesión de ayudas, becas, subvenciones o determinados subsidios.

Además de encargar la redacción del proyecto para la modificación puntual del reglamento y solicitar un análisis comparado por comunidades autónomas, la Consejería abrirá un proceso de participación para que colegios profesionales, cabildos y entidades sociales incorporen sus propuestas.

"Queremos que exista el mayor nivel de participación posible y que entre todos elijamos el procedimiento más objetivo este año", añadió De León.