La consejera de Política Territorial y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, señala que el objetivo genérico de la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias es acercar estos cuerpos de seguridad a la realidad social actual, de los municipios y sus ciudadanos. De hecho, señala que también se busca una participación reglada de los ciudadanos en la comunicación con los agentes. Este último apartado no está definido aún de forma clara, pero se prevé trabajar para su desarrollo.
Barreto ha encabezado un proceso negociador que se ha prolongado durante más de dos años, desde finales de 2015, entre sindicatos, ayuntamientos y el propio Ejecutivo autónomo. Los colectivos de jefes policiales también han estado representados con voz, pero sin voto. La consejera señala que ya existe consenso en los aspectos más complejos de la futura normativa.
Respecto a la etapa que ha finalizado, señala que ha sido "larga, pero no diría que tortuosa". Comenta que, "a veces, no hubo acuerdos, otras sí, pero ha sido un trabajo satisfactorio".
Dos aspectos en los que todavía no ha habido unanimidad son la convocatoria de pruebas de acceso o la designación de jefes.
Una medida que ayudará significativamente a ayuntamientos de municipios con escasa población será que el propio Gobierno canario puede convocar oficialmente nuevas plazas de policías locales para uno o varios de esos consistorios".
A través de ese procedimiento, se busca reducir trámites, tiempo y dinero a las corporaciones locales.
Para quienes aspiran a ser policías locales y se presentan en varias administraciones municipales, la consejera asegura que, si superan las pruebas físicas y psicotécnicas una vez, les servirá para convalidarlas en aquellas siguientes convocatorias que se desarrollen en un plazo no excesivamente largo de tiempo, es decir, en los meses siguientes.
Otra de las novedades que pretende aportar la futura legislación es agilizar la retirada cautelar de un arma reglamentaria a un agente por diversos motivos, sin que se tenga que desarrollar un procedimiento administrativo tan lento como ahora.
Además, el documento existente en estos momentos aboga por la creación de comisiones insulares de coordinación, donde estén presentes cabildos, ayuntamientos y los representantes de los policías.
La propuesta consensuada defiende una homogeneización de los criterios retributivos en todas las plantillas, independientemente de la población a la que atiendan, el volumen de cada plantilla o que existan grupos especializados en diversas materias o no, "pues todos tienen las mismas funciones", según aclara Nieves Lady Barreto.
En la consulta previa, finalmente se presentaron 162 aportaciones, algunas de ellas por parte de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) sobre aspectos técnicos. En otros casos, las sugerencias se centran en la importancia de adaptar los cuerpos a la realidad social actual. Sobre si la Federación Canaria de Municipios ha sido el organismo más reacio a la modificación, la consejera rechaza tal afirmación y aclara que los ayuntamientos también pusieron sobre la mesa, desde el principio, la necesidad de un cambio legislativo. Reconoce que los representantes de las administraciones locales han hecho esfuerzos por llegar al consenso. En el documento actual se considera que para que exista un cuerpo de Policía Local debe haber, como mínimo, cinco agentes en la plantilla, algo que no se cumple en diferentes municipios. Los delegados sindicales de CCOO, UGT y CSIF se reunieron recientemente con representantes de grupos parlamentarios canarios para ver la posibilidad de que la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales se apruebe mediante una proposición de Ley aprobada unánimemente. Y varios de los partidos con presencia en la Cámara regional han dado su apoyo a esta iniciativa. Sobre ese aspecto, Nieves Lady Barreto recuerda que "el Gobierno lo que quiere es que salga adelante por el procedimiento ordinario". Pero aclara que, si los diferentes grupos parlamentarios están de acuerdo y con la proposición de Ley se acortan los plazos para sacar adelante la propuesta, "el Ejecutivo está de acuerdo". Con el proceso convencional existe el riesgo de que se agote la actual legislatura sin que se cumplan todos los trámites necesarios y haya que empezar "desde cero" en el año 2019, tras las elecciones. Esa es, precisamente, una de las preocupaciones de las organizaciones sindicales, pues después de los próximos comicios puede haber otros interlocutores.