Un reciente informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias (relativo a la fiscalización de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Agüimes en 2013, cuando aún era alcalde del consistorio el hoy presidente del Cabildo grancanario) ha detectado que Antonio Morales fraccionó contratos por 220.000 euros para poder adjudicarlos a dedo. El asunto ha saltado inmediatamente a los medios, con el consiguiente revuelo, y el oportuno rasgamiento de vestiduras de la oposición en el Cabildo.

Lo primero que habría que decir es que los informes de la Audiencia no son lo que se dice muy rápidos: pegarse cuatro años analizando las cuentas de un municipio no parece tener mucho sentido, aunque esa sea la práctica tradicional de la Audiencia y de su hermano mayor, el Tribunal de Cuentas. Que el informe aparezca precisamente ahora, cuando Morales se erige en baluarte insular de la oposición al Gobierno regional, es sin duda sospechosamente oportuno. A Morales se le acusa de algo que ocurrió hace cuatro años, y que difícilmente podría suponer a estas alturas ningún tipo de responsabilidad penal. Además (y que me disculpe el señor Morales si hoy no me pongo en modo mercenario), lo cierto es que las prácticas que denuncia la Audiencia son moneda frecuente en las administraciones municipales (o no) de las Islas.

No digo que sea correcto fraccionar contratos, puede incluso llegar a ser delictivo, pero si se analizan los contratos en cuestión, y también la cándida respuesta de Agüimes a la petición de información por parte de la Audiencia, yo juraría que estos fraccionamientos de pago no responden a una voluntad espúrea, sino a la urgencia o la incapacidad para montar expedientes complejos sin interrumpir servicios necesarios. Más o menos lo mismo que ocurre en muchos otros ayuntamientos de las Islas, en los que los alcaldes levantan reparos de la intervención con la ligereza de quien se toma un cortado, para que un servicio se materialice en esta era geológica y no en la próxima.

Se roba tanto en la administración y son tantos los golfos, que en los últimos años las leyes se han vuelto cada vez más restrictivas, los interventores más intransigentes y la materialización o renovación de un contrato en un verdadero calvario. Los controles al fraccionamiento de pagos y al levantamiento de reparos (dos técnicas que tienen en muchísimos casos la intención de evitar que la Administración se pare) no han frenado a los sinvergüenzas ni evitado que se siga robando. Lo que sí han logrado es que se disparen las denuncias políticas, que hoy colapsan los juzgados y entretienen a los periodistas, en la mayor parte de los casos ante la general indiferencia de la gente. Lo que ha ocurrido con Morales ahora es más de esa misma "merdé". Donde los aliados de Nueva Canarias denuncian a Fernando Clavijo por sus actuaciones como alcalde en La Laguna, ahora es Coalición la que devuelve la pelota con los fraccionamientos de pago en Agüimes. No creo que aquí o allá haya robado nadie, que es lo que de verdad debería preocupar a unos y otros. Pero a unos y otros lo que les interesa no es si se roba o no: es únicamente encontrar la forma de destruir al adversario. Y así nos va.