El juicio por el caso Catastro entra hoy en su recta final después de que ayer la Fiscalía y la abogada del Estado elevaran a definitivas sus peticiones de cárcel, que suman algo más de cien años para los doce acusados, por cohecho, falsedad documental, infidelidad en custodia de documento público y prevaricación administrativa. La abogada rebajó su imputación inicial contra los acusados de formar una organización criminal a grupo criminal, con lo cual las penas no pasarían de los 3 años. En sentido inverso se pronunció el fiscal, quien admitió que cometió un error al solicitar inicialmente para los dos funcionarios tres años de cárcel por supuesta prevaricación y falsedad documental, cuando deberían ser cinco para cada uno.
También se procedió a retirar la acusación a A.S.N., cuyo letrado sostiene que la Abogada del Estado ha actuado con temeridad y mala fe al pedirle inicialmente 16 años de cárcel y por ello solicitará una indemnización y el pago de las costas, que podría rondar los 30.000 euros.
La Fiscalía mantiene su duro escrito de acusación al considerar que el funcionario J.D.D. se aprovechó de su experiencia de 40 años en la administración para "conocer las pequeñas rendijas por las que se podía colar", para obtener un supuesto beneficio económico. Precisamente, en el momento de los hechos su situación financiera era bastante delicada y había solicitado un crédito de 30.000 euros para que su sobrino S.C.D.M., también acusado, hiciera frente a una deuda con Hacienda. La Fiscalía redundó en que el funcionario no estaba capacitado para gestionar los expedientes que pasaron por sus manos, recordó que sus compañeros se quejaron de que cada cierto tiempo se "reventaban" sus claves informáticas.
Llamó la atención sobre la rapidez con la que se tramitaban los expedientes en comparación con el proceso normal, que estos carecían en ciertas ocasiones de sello de entrada y no se permitía que los afectados pudieran presentar alegaciones. Sobre la funcionaria P.C.I. recae la sospecha de que tampoco era competente para resolver esos expedientes y consideró probado que S.D.D.M. había cobrado diversas cantidades de dinero sin declararlas.
La Abogada del Estado dijo que se puede hablar de grupo criminal cuando más de dos personas se coordinan para realizar una actividad ilegal. Se da el caso de que un particular llegó a hacer suya una parcela que era del Ayuntamiento de Arico y no se notificó el cambio a los colindantes.
Los peritos apuntan como principales responsables a los funcionarios del Catastro J.D.D., especialmente, y en alguno más a P.C.I.. Como intermediario habría actuado el sobrino del primero S.C.D. M. y en el epicentro de la supuesta trama se situaría una notaría de La Laguna en la que trabajaba M.A.S.H.. Muchos de los trámites afectaron a suelos de La Gomera, ya que en la Isla no existe sede del Catastro y resultaba más sencillo captar clientes. Un perito detectó 12 expedientes que podían ser calificados de irregulares. La Policía Judicial informó del hallazgo en la casa de J.D.D. de formularios oficiales, documentos en blanco, sellos de caucho del organismo estatal.