La Unión Europea (UE) logró hoy un acuerdo sobre la revisión de las normas para los trabajadores desplazados, aquellos que son enviados por sus empresas a otros Estados miembros de la Unión para prestar un servicio por un tiempo determinado.

"Después de intensas negociaciones, los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estamos satisfechos de haber cubierto todos los temas", indicaron en un comunicado conjunto esta madrugada los representantes del llamado "trílogo".

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, valoró hoy en rueda de prensa el "acuerdo histórico" alcanzado y se mostró convencida de que las futuras normas "responden a las preocupaciones de muchos trabajadores y abren las puertas a una regulación más justa".

"Hoy tenemos buenas noticias para la Europa social", indicó.

Thyssen subrayó que el pacto logrado es "un compromiso equilibrado" y respeta las inquietudes de las tres instituciones europeas, por lo que confió en su ratificación definitiva por las instituciones europeas en "las próximas semanas".

Por su parte, la negociadora del Parlamento Europeo sobre este dossier y portavoz de Empleo de los socialdemócratas (S&D), Agnes Jongerius, señaló que con las nuevas normas la UE quiere "asegurarse de que los trabajadores desplazados están protegidos desde el primer día y que se acaba con la carrera de los salarios y condiciones laborales a la baja".

En nombre de los Verdes de la Eurocámara el negociador de este tema, Terry Reintke, valoró que la revisión de la normativa facilita "una mejor protección contra la explotación para los trabajadores desplazados".

"Hemos logrado un entendimiento común sobre (...) un posible acuerdo en relación con la revisión de la directiva sobre los Trabajadores Desplazados. Pensamos que el paquete para el acuerdo que proponemos es equilibrado", señalaron los representantes del "trílogo".

La actual normativa, de 1996, permite que las empresas paguen a trabajadores desplazados, mayoritariamente de países del Este, un salario que no supere el sueldo mínimo del Estado de acogida, lo que genera diferencias con los trabajadores locales.

La Comisión Europea propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación de manera que los trabajadores desplazados cobren lo mismo que los locales, incluidas primas o extras, y no solo el salario mínimo del país como hasta ahora.

La revisión de las normas se ha prolongado durante años por la falta de consenso, ya que mientras algunos países apoyaban la reforma propuesta, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tenían reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.