El diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "la máxima transparencia" respecto a la posibilidad de que se autorice la búsqueda de hafnio en los fondos marinos del archipiélago.

Según ha publicado "ABC", un estudio de un organismo científico alemán sostiene que los fondos marinos que rodean a Canarias albergan una de las mayores concentraciones del mundo de hafnio, material muy apreciado en algunas industrias de alta tecnología y energía, porque soporta temperaturas de hasta 7.460 grados.

En un comunicado, el diputado tinerfeño de Podemos explica que su preocupación por este asunto "va más allá del hecho puntual del hallazgo" de este tipo de materiales en Canarias.

"Creemos que es una cuestión de soberanía y de democracia conocer qué recursos naturales tiene Canarias, qué riesgos técnicos conllevan su extracción, qué consecuencias podría tener para el medioambiente, la economía y el modelo productivo que afecta a dos millones de personas que viven en las islas", afirma.

Por ello, pregunta al Ejecutivo si "dispone de los estudios que confirman yacimientos de hafnio" y si "se han puesto a disposición del Gobierno y de las universidades canarias".

Además, se interesa por si "se ha puesto en contacto con el Gobierno alguna empresa minera o fondo para interesarse por el hallazgo y las posibilidades de extracción de hafnio", o bien cualquier otro Ejecutivo extranjero "o misión diplomática".

En este contexto, Rodríguez también pregunta si el Gobierno apoya que "en la futura reforma de la Constitución" se recoja "el reconocimiento de las aguas archipielágicas canarias"; es decir, la competencia de la comunidad autónoma sobre el mar que le circunda, que ahora corresponde, como en todo el país, al Gobierno central.

Podemos insta además al Ejecutivo de Rajoy a que aclare si es "partidario de que cualquier actividad minera en aguas Canarias sea consultada y aprobada mayoritariamente por su población" o, por el contrario, "volvería a recurrir ante el Tribunal Constitucional", como hizo cuando el Gobierno de Paulino Rivero quiso realizar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas de Repsol.