La Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla asegura que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la anulación de la construcción de la regasificadora confirma que la introducción del gas en Canarias "es un disparate jurídico, económico y medioambiental".
En su opinión, "es una victoria de los movimientos sociales y políticos que han luchado desde hace ya casi dos décadas contra estas infraestructuras que han primado el beneficio de unos pocos, frente a los intereses de la inmensa mayoría de la ciudadanía canaria y del medioambiente de nuestras islas".
Si bien la decisión está basada en un defecto de forma, aclara el colectivo, del Estudio de Impacto Ambiental que no contempló un estudio sinérgico de los riesgos acumulados de la instalación, "lo cual no impide la elaboración de un nuevo proyecto futuro, como así se ha hecho, estando pendiente de la autorización administrativa de la DIA".
Asimismo, destaca que "es una victoria clara que hace más evidente aún si cabe, el disparate que supone la inversión multimillonaria avalada con recursos públicos de la canalización de Gas propanado en las islas, que pretende la empresa Redexis, filial española de la multinacional Goldman Sachs".
El colectivo destaca también la posición de la ciudadanía canaria, que en un 71% se opone a la introducción de este combustible fósil en las islas, como demostró una macro encuesta de la Universidad de La Laguna en 2014 encargada por el Gobierno de Canarias.
La plataforma señala que la regasificadora es un proyecto "innecesario, peligroso y obsoleto" y se alegra de que "aún es posible" un futuro a corto y medio plazo donde la soberanía energética sea una realidad y donde Canarias sea un "referente" en la implantación y el desarrollo de las energías renovables.
"Todavía hay esperanza para Canarias en un futuro que no siga destruyendo el planeta, ni colaborando en guerras horrendas por los combustibles fósiles", señala.