La Universidad de La Laguna (ULL) no tiene capacidad para asumir el servicio de atención temprana -"no tenemos competencias"-, pero "ha hecho todo lo posible" para mantener abierta el Aula de Psicomotricidad y atender a centenares de menores que lo necesitan". El vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García, explicó ayer a este periódico que el centro se reunirá "lo antes posible" con los padres para analizar la decisión de los coordinadores del servicio, que ha sido "un disgusto" que ha cogido por sorpresa al equipo rectoral.

"La Universidad tiene que investigar, dar clases y transferir conocimiento, pero no tiene las competencias en atención temprana", subrayó García. Aún así, el representante de la ULL considera que existe una responsabilidad social hacia estas familias y que "es necesario buscar fórmulas para afrontar esta realidad, para que la atención de los menores no recaiga en exclusiva sobre las espaldas de los compañeros del centro académico y de los padres".

García sostiene que la Universidad ha ido traspasando parte de los fondos -alrededor de 60.000 euros- a la Fundación de la ULL, que gestiona el servicio, y que solo estaban pendientes las cuantías para compensar el gasto que hicieron el año pasado los padres. Insiste en que la Universidad ha hecho todo lo posible por estas familias, pero que la firma de convenios con las administraciones es lenta y la burocracia retrasa los procedimientos, lo que puede afectar al día a día del Aula.

Los padres, a los que se les comunicó el viernes pasado que el Aula de Psicomotricidad cerrará en julio, registraron ayer una petición de reunión en el registro central de la ULL. Demandan reunirse con el rector y la gerente para que les expliquen los motivos del cierre. Además, están trabajando en impulsar una ley que garantice una red de atención porque -denuncian- "Canarias es la única comunidad que carece de ella".

El Aula de Psicomotricidad de la ULL atiende en la actualidad a 150 menores y tiene una lista de espera para valorar a menores de cuatro meses (lo que no implica que tengan capacidad para llevar a cabo una intervención a posteriori). Hace apenas dos años, había alrededor de 60 familias más que acudían al servicio, pero ante la falta de ayudas públicas fueron incapaces de continuar los tratamientos y abandonaron.

La ULL ha firmado diversos convenios con administraciones públicas para mantener el servicio. El más cuantioso lo rubricó con la Consejería de Sanidad en octubre y tenía una cuantía de 100.000 euros. El Servicio Canario de Salud (SCS), por su parte, explica que en enero se aprobó una adenda al convenio para 2018.