Miles de personas salieron ayer a la calle para reclamar unas pensiones dignas. No les falta razón, pues después del sacrificio hecho durante los años de crisis -incluso sosteniendo a cientos de familias-, es de justicia que se revise, con urgencia, la cantidad que perciben. Sobre todo en el caso de las mínimas y las no contributivas, que apenas alcanzan los 360 euros. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy debe tomar nota, abordar este asunto sin demora y no condicionarlo, tal y como hizo el miércoles, a la aprobación de los presupuestos. Ahora bien, sería una irresponsabilidad del actual Ejecutivo y del resto de las formaciones políticas circunscribir el problema de las pensiones a un incremento de su cuantía. Y mucho más utilizar esta materia para hacer demagogia. El sistema corre peligro y hay que tomar una decisión más pronto que tarde, pues aunque, de momento, la prestación está garantizada, nadie puede poner la mano en el fuego y afirmar que en un futuro próximo se mantenga tal y como está. Más bien todo lo contrario. Lo ocurrido hace cuatro días en el Congreso de los Diputados no se puede repetir. Al final, el debate no sirvió para hacer aportaciones y apuntar soluciones por parte de los diferentes grupos políticos, sino para buscar el desgaste del adversario. Poco se habló de que se trata de un gran problema en el que influyen la alta tasa de paro, los bajos salarios, el envejecimiento de la población y la evolución demográfica del país. Estas son algunas de las cuestiones que deberán tenerse en cuenta a la hora de resolver lo que hoy en día es un gran problema de compleja solución. A nadie se le escapa que las movilizaciones celebradas ayer en las principales ciudades españolas van a servir para espolear a los responsables públicos. Lo cual es necesario. Pero, ojo, que nadie se confunda, el rompecabezas de las pensiones no se solventa con elevar su importe, hace falta un gran pacto de Estado para adoptar medidas que garanticen su sostenibilidad.

También se echa de menos más altura de miras a la hora de renovar los órganos que dependen del Parlamento de Canarias. A las críticas vertidas por la falta de paridad en la elección de los nuevos miembros -pese a las fuertes convicciones manifestadas en este sentido por todas las fuerzas políticas-, hay que sumar ahora la ruptura, por parte del PSOE, del acuerdo alcanzado con CC y PP. El secretario general de los socialistas del Archipiélago, Ángel Víctor Torres, optó por desandar todo lo caminado y plantarse, tras filtrarse que el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, propuesto por el PSOE, iba a ser sustituido por el exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona, del PP. La imagen que se ha trasladado a la ciudadanía es que en los nombramientos para la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común ha primado más ocupar un sillón que la capacidad del candidato. Tal y como advirtió el portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, urge devolver estas negociaciones al ámbito de la racionalidad y la objetividad, pues no se puede permitir que los conflictos políticos perjudiquen a los canarios y a sus instituciones. Es más, demuestran muy poco respeto por ellas.