"En las analíticas que hemos realizado no hemos detectado sustancias preferentes ni prioritarias", aseguró el consejero insular de Aguas del Cabildo y responsable del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), Manuel Martínez, en alusión a la situación actual de los vertidos que se producen desde el Polígono Industrial Valle de Güímar.
Cumplido el martes pasado el plazo de nueve meses otorgado, el 13 de junio de 2017, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife para legalizar, de forma definitiva, los vertidos que se producen en el área industrial de Candelaria, Arafo y Güímar, Martínez explicó que las actuaciones realizadas se completarán con la colocación de tamices. No se descarta que, una vez instalados y puestos en servicio, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias demande la realización de más analíticas antes de conceder la autorización para verter al mar.
Martínez demanda de este departamento del Ejecutivo regional "una cierta comprensión de la situación, evaluando cómo podemos resolver esta situación entre todos, vertiendo sin contaminar, al tiempo que se vaya cumplimentando la parte administrativa".
Mientras, entre las 250 empresas (más o menos) que operan en el Polígono Valle de Güímar hay incertidumbre. El auto judicial cifraba en torno a 3.000 empleos los que pueden estar en riesgo en caso de que la autoridad judicial determine el cierre de este complejo industrial, si bien fuentes jurídicas consultadas consideran que su señoría no tendría por qué pronunciarse "de oficio".
Cabe recordar que el auto judicial que dio origen a este problema emana de una denuncia interpuesta por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar contra el Ayuntamiento de Candelaria por decretar, el 22 de mayo de 2017, el cierre temporal del emisario submarino.
En su auto, el juez determinó que, transcurridos los nueve meses de suspensión cautelar de tal medida, el Ayuntamiento de Candelaria "puede dar efectividad al acto recurrido". Es decir, deja en manos del Consistorio candelariero pedir o no que se ejecute el cierre del emisario.
Los empresarios consultados han expresado su convencimiento de que el Polígono Industrial Valle de Güímar no cesará en su actividad "porque las repercusiones en la comarca y en la Isla serían catastróficas", mientras que entre los trabajadores hay tranquilidad. Unos y otros coinciden en que "están condenados a entenderse", dejando claro que es una cuestión "que está ya en vías de solución".
Actualmente, los vertidos continúan siendo ilegales porque no hay autorización para ello y porque es necesario construir una Estación Depuradora de Residuos Industriales.