La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) abrió, en 2017, un total de 2.155 expedientes, 1.255 de los cuales estuvieron vinculados con irregularidades en el tratamiento de residuos, un 10,3 por ciento más que en el año anterior.

Además, 216 estuvieron relacionadas con actividades no constructivas, 45 fueron sanciones por contravenir la Ley de Costas y 44 por realizar vertidos al mar, ha informado hoy el Gobierno de Canarias en un comunicado.

El resto de los expedientes abiertos tienen que ver con cuestiones de impacto ambiental e infracciones de la normativa sobre prevención de la contaminación y del patrimonio natural.

Por islas, encabeza la estadística Tenerife, con 846 expedientes, seguida por Gran Canaria, con 651, la mayoría ligados a incidencias con residuos y actividades constructivas.

La isla de Fuerteventura ha recibido un total de 249, Lanzarote 194, La Palma 132, La Gomera 77 y El Hierro 7.

En el año 2000 se registraron 1.821 expedientes, que se han reducido progresivamente durante los últimos años, hasta registrar la cifra de 543 en el último ejercicio, han añadido.

Según el Ejecutivo, las estadísticas reflejan que las acciones desarrolladas por la Agencia han ido aumentando la concienciación ciudadana y disminuyendo las infracciones que atentan contra las leyes del territorio y de espacios naturales de Canarias.

La directora de ACPMN, Ana Batista, realizó una mención especial a los convenios de colaboración y adhesión que permiten el desarrollo de acciones de promoción y sensibilización medioambiental, y que, en 2017, permitieron la adhesión del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo a este organismo.

El Gobierno de Canarias ha declarado a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural como sector prioritario, lo que facilita la dotación del personal necesario para asegurar el correcto funcionamiento de este organismo, explica el comunicado.

Con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, la Agencia ha reforzado su labor de formación y divulgación con finalidad preventiva, "la declaración como sector prioritario nos permite seguir trabajando con garantías a la espera de una futura convocatoria de plazas", señaló Ana Batista.