El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, manifestó ayer que jueces y fiscales de Canarias previsiblemente irán a la huelga el próximo 22 de mayo para reclamar mejoras en la Administración de la Justicia. De esta manera se suma a las movilizaciones planteadas por cuatro asociaciones de jueces y tres de representantes del Ministerio Público, según recogió ayer Europa Press. Dichos colectivos prevén desarrollar un calendario de acciones de protesta, que se iniciará el 5 de abril con concentraciones frente a las sedes judiciales. Landete dijo que, desde hace muchos años, se demandan soluciones para que haya los medios adecuados y "se funcione bien". Y estima oportuno un "pacto por la Justicia".
El presidente de la Audiencia Provincial cree que actualmente es "el peor momento" para hablar de la "ley de prisión permanente revisable", ya que se trata de un asunto sometido a "muchas sensibilidades", en referencia a los últimos sucesos muy graves y con gran repercusión mediática.
Al igual que expresaron varios abogados en la edición de EL DÍA del pasado domingo, Landete señala que "no podemos legislar en caliente". El magistrado comenta que por parte de algunos partidos "parece que se quiere contentar a la ciudadanía". Comenta que, cuando se aprobó dicha Ley en marzo del 2015, "no se legisló con el sosiego que se necesitaba". Y apunta que sería bueno que "todo el mundo se tranquilizara" para abordar un asunto de estas características.
Según el presidente de la Audiencia Provincial, sin contar la prisión permanente revisable, "España tiene una de las legislaciones penales más duras de toda Europa", a la vez que mantiene una de las "mayores poblaciones reclusas" del continente.
Landete asegura que, en estos momentos, en las prisiones no hay un proceso de "resocialización" adecuado, ya que ni hay medios suficientes ni equipos profesionales multidisciplinares apropiados para llevar a cabo tales acciones.
El magistrado también indica que "no hay ninguna intención política" de sacar adelante el proyecto del nuevo edificio del Palacio de Justicia en Cabo Llanos en esta legislatura. Y lamenta las complicaciones burocráticas que existen en este proceso por parte del Gobierno canario y el Ayuntamiento de Santa Cruz con la solicitud de informes que, a su juicio, ya deberían estar. Como ejemplo, cita que ahora se ha pedido un "estudio de movilidad" para determinar la viabilidad de desarrollar la infraestructura en dicha zona de la capital. Landete cree que dicho informe ya debe figurar en otros proyectos que ya se han diseñado para el futuro edificio judicial.
Desde su punto de vista, todos los estudios deben solicitarse a la vez para que el asunto no se prolongue indefinidamente. Y recuerda que la demanda de un nuevo Palacio de Justicia se planteó hace 12 años.
En cuanto a las denuncias por cláusulas suelo y otras condiciones contractuales de los bancos, Joaquín Astor explicó ayer que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ya existen 6.800 en total, de las que 5.400 se presentaron hasta finales de diciembre y el resto, a lo largo de este año. En estos momentos, 435 de esos casos ya han llegado a la Audiencia Provincial. Opina que, con ese nivel de demanda, para resolver tales asuntos de forma adecuada harían falta ocho juzgados más.