La prensa de Las Palmas publicó ayer que la gestión de Antonio Morales en su etapa de alcalde de Agüimes ha sido objeto de una denuncia presentada hace una semana, en la que se pide a la Fiscalía la apertura de diligencias para determinar la posible comisión de distintos delitos por parte de Morales. Entre ellos, la denuncia apunta como delitos a investigar la "prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de efectos públicos", delitos que se habrían producido entre 1987 y 2015, el largo período en el que Antonio Morales fue alcalde de su pueblo. No se aclara quién presenta la denuncia, aunque en los mentideros grancanarios se asegura que es de un abogado que puso en dificultades al Gobierno de Telde hace ya algunos años.

La denuncia se refiere fundamentalmente al informe de la Audiencia de Cuentas que provocó un monumental cabreo de Morales, y pide que ese informe -relativo solo a los gastos municipales de 2013- se amplíe. El texto recuerda las irregularidades detectadas por la Audiencia sobre la gestión de las cuentas municipales de Agüimes y considera que revelan "una serie de graves deficiencias de las que se desprende la comisión de delitos de grave transcendencia pública". Se refiere a la existencia de hasta trece cuentas fuera de la contabilidad oficial, de las que la Audiencia tuvo conocimiento gracias a información facilitada por las entidades financieras, y no por el ayuntamiento; además de seis expedientes de contratación de obra -los seis seleccionados en la muestra auditada- que presentan todos ellos irregularidades como carecer de informe preceptivo de los servicios jurídicos y de fiscalización previa, o de las certificaciones de obra o la recepción final del proyecto. También destaca la Audiencia que se fraccionaban los contratos para realizarse con negociados sin publicidad, un sistema que facilita la contratación sin control previo y sin concurrencia real de distintas ofertas.

La denuncia contra Morales es el inicio de un camino judicial que se emprende contra el actual presidente del Cabildo. Probablemente, Morales tendrá que enfrentarse en el futuro a la presentación -también por parte de la Audiencia, que realiza un estudio sobre el asunto- de otro informe sobre su gestión en el caso de la Residencia de mayores de Agüimes, en dónde algunos afectados han denunciado irregularidades. Morales debe entender que en una trayectoria tan larga como la suya es casi imposible que todo se haya hecho bien siempre. Debería ir preparando argumentos para defenderse en los tribunales y ante una opinión pública que todavía le es muy favorable, en vez de buscar un enfrentamiento sistemático con los medios que considera hostiles.

Ese procedimiento -el de cortar la cabeza al mensajero- ha sido seguido en los últimos años por muchos políticos ensoberbecidos por el apoyo social, convencidos -como Morales- de que hicieron las cosas a la perfección y confiados en que siempre contarían con el fervor de sus votantes. La mayoría de ellos acabaron achicharrados en la parrilla del asadero jurídico, sepultados sus aciertos por sus errores y despreciados por corruptos -en ocasiones sin serlo- por las mismas personas que los defendieron a rabiar cuando estaban en la cresta de la ola.

No creo que Morales se merezca un final así. Pero ya parece inevitable que tenga problemas judiciales en los próximos años, y debería moderar su actitud frente a quienes lo señalan. La rabia nubla nuestra capacidad para reaccionar ante los problemas. Y el odio tiende a reflejar nuestras torpezas y miserias en el espejo de los demás.