"Los edificios objeto del presente informe carecen de valores patrimoniales según la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias". Esa es la conclusión del informe que, a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, ha elaborado la Fundación Cicop (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) sobre los inmuebles situados en la calle Puerta Canseco números 23, 27 y 29, en el entorno de Miraflores.

Los tres edificios cuentan con licencia municipal para su demolición, al no estar incluidos en el catálogo de protección del PGO de Santa Cruz. Sin embargo, el Cabildo de Tenerife considera que tienen valores patrimoniales que proteger. De hecho, ya obligó a paralizar el derribo del número 23.

De ese conflicto surgió el acuerdo entre ambas administraciones de solicitar un informe previo a la reanudación, por un lado, y al inicio, por otro, de cualquier trabajo.

Del edificio del número 29, los especialistas concluyen que "podrían apreciarse valores compositivos y figurativos en su fachada, que nos remiten a ciertas arquitecturas cultas del Movimiento Moderno, a pesar de su tardía fecha de construcción y de sus alteraciones".

Sin embargo, detallan que el interés de esos valores ya estaba recogido en el catálogo del Cabildo que no se aprobó en 2012. Y desde esa fecha en adelante, "no consta" ninguna actuación tendente a materializar urbanísticamente el valor patrimonial enunciado.

Respecto a los inmuebles de los números 23 y 27, los expertos estiman que "no presentan en la actualidad ninguno de los aspectos de interés a los que se refiere el artículo 2 de la Ley de Patrimonio de Canarias. Y añaden: "El valor patrimonial -del sector de Miraflores- estaba precisamente basado en el conjunto y no en las edificaciones individualmente consideradas".

"La necesaria conciliación entre conservación patrimonial y proyecto arquitectónico y urbano debe proponer respuestas integradoras y de calidad", indican también los expertos, que subrayan que "el proyecto de sustitución, aún no concluido, mantiene restos ruinosos de edificaciones que generan un ambiente de insalubridad y deterioro urbano".

Al respecto, la primera teniente de alcalde de Santa Cruz, Zaida González, señaló que "a partir de la recepción del informe y tal como nos comprometimos, hemos dado traslado del documento al Cabildo para que asuma su contenido y obre en consecuencia".

González recordó que "en la reunión del 29 de enero entre ambas administraciones acordamos que el consistorio encargaría un informe técnico e independiente para determinar si esos inmuebles reúnen las condiciones patrimoniales que explicarían su protección y conservación".

"El Cabildo -agregó- se comprometió a levantar cualquier reparo a las licencias concedidas legalmente por el ayuntamiento, en el caso de que el informe declarase que carecen de valor patrimonial, como ha ocurrido".

Por este motivo, incidió la concejal, "una vez conocido el informe, la voluntad del ayuntamiento es que se reanuden las obras, se reabra al tráfico la vía y se restablezca la normalidad en beneficio de vecinos y comerciantes, que han sido hasta hoy las víctimas de una situación indeseada".

Los expertos de la Fundación Cicop que han elaborado el documento son José Luis Gago, profesor de la Universidad de Las Palmas y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Juan Manuel Palerm, catedrático de la misma universidad y presidente de Uniscape; Ignacio Represa, director del máster de Restauración Arquitectónica de la Universidad de Valladolid; Ángel Luis Fernández, director del centro de Investigación de Diseño Urbano ESNE; y Enrique Carvajal, catedrático de la Universidad de Sevilla.