Santa Cruz de Tenerife

El PSOE quiere que se investiguen los bienes de la Iglesia en Santa Cruz

El concejal Florentino Guzmán solicita que el Ayuntamiento de la capital recabe de los registros de la propiedad la lista de propiedades inmatriculadas con la Ley Hipotecaria.
O.G., S/C de Tenerife
31/mar/18 5:59 AM
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El PSOE quiere que se investiguen los bienes de la Iglesia en Santa Cruz

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El PSOE de Santa Cruz quiere que el Ayuntamiento de la capital recabe en los registros de la propiedad la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia en la ciudad al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y en cualquiera de sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, Cabildo o similares.

Así lo defenderá el concejal Florentino Guzmán en una moción que llevará al próximo pleno de la capital, que se celebrará el próximo viernes.

"Nos hemos reunido con algunos vecinos que nos han mostrado sus quejas sobre determinados inmuebles. Pero no tenemos certezas, por eso queremos que el ayuntamiento investigue", subraya el concejal socialista.

El edil recuerda que son muchos los ayuntamientos que han solicitado ya una relación de bienes de los que se "apropió" la Iglesia Católica en el periodo mencionado. Y entre ellos hace mención al consistorio de Córdoba, que recientemente hizo público que la Iglesia había inmatriculado a través de este "subterfugio jurídico" 180 bienes, entre ellos la mezquita-catedral de Córdoba, adquirida por apenas 30 euros en 2006.

Según detalla el texto de la moción, la Iglesia gestiona los ingresos que genera el monumento, que "camufla" como donativos y por los que no paga impuestos, puesto que en las localidades no consta la palabra precio ni el desglose del IVA. En Zaragoza, por ejemplo, se han contabilizado 43 bienes registrados entre 1984 y 2000.

La moción recoge también que se ha solicitado al Gobierno central "en repetidas ocasiones" una lista de los inmuebles inmatriculados por esta vía, con el fin de poder conocer la magnitud real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública.

Es más, entre otros, el Parlamento de Canarias ha aprobado leyes para solicitar esta información a los decanatos de sus colegios registrales, al igual que lo han hecho municipios de todo el territorio del Estado, con el respaldo de todos los partidos políticos.

Muchos de estos bienes, apunta Guzmán, ya han sido impugnados y otros tantos recuperados para el dominio público. "Pero apenas conocemos un mínima parte del patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que obliga a tener que solicitarlos en cada ayuntamiento", añade.

Se estima que a través del procedimiento que permitió la modificación del Reglamento Hipotecario, aprobado por el Ejecutivo de José María Aznar en 1998, la Iglesia puso a su nombre, sin aportar título alguno, unos 40.000 inmuebles. Un cambio legal efectuado en 2015 eliminó este "privilegio".